El golpe de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas el 24 de marzo de 1976 contó con amplios apoyos sociales y políticos y la participación activa de sectores civiles provenientes de la derecha nacionalista católica y de grupos liberales, que inspiraron ideológicamente y participaron en la elaboración del programa económico y de muchas de las políticas educativas, sociales o culturales, nutriendo con sus cuadros a los elencos gubernamentales de la dictadura.

A la par que las cúpulas empresarias y la jerarquía de la Iglesia católica acompañaban abiertamente los objetivos y acciones de la Junta Militar y los partidos políticos más importantes se mantenían a la expectativa o le otorgaban un “compás de espera”, países de todo el mundo –a uno y otro lado del muro- reconocían al nuevo gobierno argentino y los organismos financieros internacionales acudían en su ayuda con préstamos para sanear la crisis económica.

En lo que hace a la sociedad, al momento del golpe de Estado las críticas o las resistencias, si es que existieron, fueron imperceptibles y predominaron actitudes de aceptación o apoyo (activo o difuso) hacia el nuevo orden de cosas.

En ese contexto favorable, los medios de prensa jugaron un rol importante en el arco de apoyos al golpe de Estado. Mientras se gestaba, los grandes diarios de la Capital Federal y los más influyentes a nivel local-provincial, así como otras publicaciones periódicas de amplia difusión, participaron en la elaboración y difusión de un discurso, consonante con el de los sectores golpistas, que hacía foco en la debacle del gobierno peronista, el caos y la violencia cotidiana, transmitiendo rumores o incluso alentando la intervención militar.

Una vez producido el golpe de Estado, la Junta Militar dispuso fuertes restricciones a la circulación de la información, así como la prohibición de “informar, comentar o hacer referencia a temas relativos a hechos subversivos, aparición de cadáveres y muestras de elementos subversivos y/o de integrantes de las fuerzas armadas o de seguridad por estos hechos, a menos que sea informado por fuente oficial responsable”.

Sin embargo, los medios de prensa difundieron un caudal nada desdeñable de información sobre el accionar represivo, en general a través de la publicación de comunicados elaborados por los Comandos de Cuerpo o las principales autoridades militares a nivel zonal, donde se detallaban operativos, allanamientos de domicilios y enfrentamientos –las más de las veces fraguados- entre “subversivos” y las fuerzas “legales” del orden, con el consiguiente hallazgo de armas, explosivos o documentación y, eventualmente, la identificación de algunos de los muertos casi invariablemente pertenecientes a las organizaciones “declaradas ilegales”.

Todo ello contribuyó a reforzar en términos discursivos las explicaciones brindadas por el poder militar y a justificar abiertamente la represión implementada a sangre y fuego por las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Por su parte, en muchas ciudades y provincias del país, los medios de prensa acompañaron las “campañas de moralidad pública” y de “saneamiento de las costumbres” implementadas por las fuerzas militares y policiales y dirigidas hacia lugares de diversión nocturna o espacios de sociabilidad juvenil a través de la realización de razzias, difundieron las homilías de altos prelados de la Iglesia católica que reclamaban la restauración de los “valores tradicionales”, denunciaron el estado de “desorden moral” que imperaba apoyando desde la realización de campañas de limpieza y blanqueo de las paredes o la relocalización de hoteles alojamiento en la periferia urbana hasta la persecución y el control de menores en la vía pública y de sectores o personas consideradas “indeseables” (mendigos, gitanas, homosexuales, travestis, prostitutas o punguistas).

Como han postulado Alonso, Citroni y Boumerá en sus estudios sobre la ciudad de Santa Fe, la reiterada presentación de una imagen caótica por los medios de prensa colaboró en la creación de un estado de temor o “pánico moral” en la opinión pública, contraponiendo el desorden preexistente a la demanda de una ciudad limpia y ordenada.

De este modo, los medios de prensa no sólo jugaron un papel clave en la instalación y difusión de estos discursos ordenancistas y moralizadores, sino que asumieron un lugar privilegiado como interlocutores del poder militar, instalando en la agenda pública y política ciertos temas referidos al ámbito urbano y a las políticas reguladoras, en particular en el espacio local.

No está de más señalar que no todos los medios de prensa tuvieron la misma línea editorial, que en ocasiones cuestionaron políticas del gobierno militar –en particular en lo que hace a la política económica de Martínez de Hoz- y que, cuando la dictadura comenzó a perder apoyos hacia 1980-1981, dieron espacio a ciertos temas como el de los desaparecidos.

Sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación nacionales, provinciales y locales adhirieron activamente a los lineamientos de autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, convirtiéndose en portavoces del régimen, o asumieron las restricciones y prohibiciones impuestas por el gobierno militar, implementando diversas formas de autocensura, reduciendo al mínimo las críticas y cuestionamientos al rumbo gubernamental, tratando la información respecto de la violencia represiva según las directivas militares o relativizando los ataques a la libertad de prensa que el régimen implementó desde sus inicios.

*Historiadora, docente de la UNR e investigadora del CONICET.