Las cámaras inmobiliarias y los intermediarios rechazaron la regulación. Sólo el massismo los protegió con un despacho en minoría.
La Comisión de Legislación general de Diputados aprobó el dictamen de la ley de alquileres anunciada el viernes por Mauricio Macri, una corrección del proyecto aprobado por unanimidad a fines de 2016 en el Senado y avalado por la mayoría de las fuerzas de la oposición.
Sólo el Frente Renovador (massismo) a través de la diputada Carla Pitiot, presentó un dictamen alternativo con mayores protecciones a los corredores inmobiliarios, que coparon el anexo C de la Cámara baja para exigir que no haya regulación.
«Nosotros atendemos a las dos partes y estamos a disposición del inquilino los 365 días del año», se defendió Ernesto Ziegler, representante del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires.
Se refería a uno de los artículos que prohíbe a las inmobiliarias cobrarles comisiones a los inquilinos. El proyecto, que seguirán retocando hasta mañana, impide un depósito superior a un mes de contrato de alquiler y ata la devolución al monto del último mes de pago.
Se establecen contratos por tres años con posibilidad de rescindirlos sin costo y se permite un ajuste semestral, como ocurre en muchos casos aún estando prohibido, pero debería tomarse en cuenta un índice combinado entre IPC y la variación salarial (CVS). Además, se amplía el universo de garantías del inquilino, que podrán incluir avales bancarios o seguros de caución.
La audiencia fue coordinada por el macrista Daniel Lipovetzky, que había logrado consensuar otro dictamen el año pasado pero nunca llegó al recinto por falta de acuerdos con la oposición y el desinterés del Gobierno.
Con Macri involucrado e preocupado en enviar mensajes favorables a la clase media, la ley se aprobará en noviembre y el Senado lo convertiría en ley, pese a los airados reclamos de inmobiliarias y martilleros.
«Por defender un sector no se puede poner en riesgo otro. Estas leyes generaron que muchos propietarios sacaran sus propiedades del mercado y los precios subieran. El Gobierno tiene que lograr que sea un negocio alquilar», amenazó Leonardo Frankenberg, presidente del Corredores Públicos Inmobiliarios de Córdoba.
«Esto es un tema de derechos. No hay que estigmatizar al que alquila ni cargar contra el propietario. Yo no veo sólo una vivienda vacía, sino una que fue habitada y puede serlo nuevamente», le respondió German Schierff, presidente de una de la Cámara de Inquilinos de La Plata, una de las pioneras en defender a ese sector.
«Empezamos hace 10 años y nos decían que iba a ser algo pasajero, que pronto serían todos propietarios. Hoy hay 8 millones de inquilinos en todo el país», apuntó.
El duelo entre inmobiliarias e inquilinos siguió con planteos apocalípticos como el de Armando Pepe, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, que recordó que cada vez que se trató una ley de alquileres los precios subieron y el mercado se paralizó.
«Nosotros somos inquilinos y a veces no sabemos de dónde rascar la olla para pagar nuestras oficinas», se victimizó Roberto Belmonte, del Colegio de Martilleros de Quilmes y se ganó los aplausos de sus colegas.
El kircherismo y Felipe Solá, que se muestra cada vez más cerca de ese bloque y menos del Frente Renovador, firmaron en disidencia y anunciaron que pedirán modificar varios fragmentos del texto en el recinto.
El principal será el artículo 2, que exceptúa de las nuevas regulaciones a los alquileres más costosos, identificados con 5000 Unidades de Valor Adquisitivo actualizables (UVA), 80 mil pesos.
«No podemos regular a los propietarios de dos ambientes y no a los grandes, que alquilan a los comercios», protestó Solá, que fue el primero en intentar calmar a los martilleros. «Si admiten que pueden dejar de alquilar con esta ley, reconocen que el poder está de un solo lado. Es un pésimo argumento», los atacó.
La kirchnerista Vanesa Siley anticipó que pedirá más beneficios a los inquilinos con fines habitacionales, como restringir el precio del alquiler a «un valor único y por períodos mensuales, sobre el cual sólo podrán acordarse ajustes anuales en función del coeficiente de variación salarial (CVS)».
La massista Pitiot se ganó el aplauso de los martilleros con su dictamen que entre otras cosas hace más restrictivas de las garantías, porque «no se pueden imponer» y protege a los intermediarios. «Si no lo hacemos será inconstitucional», advirtió.
Juan Brügge, del bloque Argentina Federal, cercano a los gobernadores peronistas, anunció que la acompañaría pero luego su bancada prefirió apoyar el dictamen de mayoría «en disidencia» y pelear cambios en el recinto.
El principal será proteger las autonomías provinciales para regular las actividades profesionales. «Las autonomías se respetan, pero si no hay regulación, se aplica la ley nacional», aclaró Lipovetzky. El debate seguirá en la sesión. Pero habrá ley.