El enfrentamiento entre el Gobierno de Santa Fe y la jueza de Menores de Rosario, María Dolores Aguirre Guarrochena, por la anulación de un allanamiento realizado sin orden judicial sumó un nuevo capítulo con el respaldo institucional del Colegio de la Magistratura y la Función Judicial y con un llamado a preservar la independencia del Poder Judicial formulado por el presidente de la Corte Suprema provincial, Jorge Baclini. La controversia dejó de centrarse únicamente en el alcance de la denominada “flagrancia virtual” para convertirse en una disputa entre poderes del Estado.

La resolución de Aguirre Guarrochena declaró nulo el ingreso a una vivienda efectuado por la Policía de Investigaciones luego del seguimiento realizado mediante el sistema de videovigilancia Lince. La magistrada sostuvo que, una vez finalizada la persecución inmediata e identificado el domicilio, la Constitución exigía obtener una orden judicial antes de ingresar al inmueble. El fallo no anuló la investigación por la balacera ni dejó sin efecto la imputación contra el adolescente detenido, sino que cuestionó exclusivamente la legalidad del procedimiento policial.

La respuesta del Ejecutivo llegó a través de su vocera, Virginia Coudannes, quien acusó a la jueza de sostener una “mirada garantista”, afirmó que desconocía la normativa vigente y la desafió públicamente con la frase: “Si es tan bueno, llévatelo a tu casa”. Las expresiones desplazaron el debate jurídico hacia una confrontación política con una magistrada en ejercicio de sus funciones.

Frente a esas declaraciones, el Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Fe Zona Sur, que preside Iván Kvasina, difundió un comunicado en el que cuestionó el tono utilizado por el Gobierno, y sin nombrar a la vecera oficial. La entidad expresó que “manifiesta su desacuerdo frente a las declaraciones públicas vertidas por una funcionaria del Poder Ejecutivo Provincial, mediante las cuales se descalificó la decisión adoptada por una magistrada en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, utilizando expresiones incompatibles con el trato que merecen quienes integran uno de los poderes del Estado”.

El documento agregó que “manifestaciones de tal tenor desbordan el marco de las razonables críticas a las decisiones que se adoptan en el ejercicio de la función judicial” y sostuvo que las diferencias con las resoluciones judiciales “deben canalizarse en todos los casos por las vías procesales legalmente previstas y no a través de manifestaciones públicas descalificantes”. También advirtió que “no es mediante la disputa mediática que deben encararse las soluciones a temas que afectan fibras sensibles de nuestra sociedad, ni la descalificación pública puede constituir el modo de encauzar las disidencias en un Estado democrático de derecho”.

Las afirmaciones del Colegio coincidieron con la posición expresada por Jorge Baclini miembro dela Corte Suprema de Santa Fe, al portal SL24 noticias, donde al ser consultado sobre el conflicto, respaldó la necesidad de preservar los canales institucionales. “Nos parece que no es adecuado que se ataquen las resoluciones judiciales. Nosotros consideramos que se debe preservar la independencia judicial; los mecanismos naturales de reclamo son los recursos de apelación”, afirmó.

Baclini reconoció que el Gobierno provincial desarrolla una política de seguridad con resultados visibles en materia de reducción de homicidios y combate al microtráfico, pero advirtió sobre los límites institucionales de esa estrategia. “En darle tanta vía libre a la policía hay que ser cauteloso. Nosotros podemos ir dando los lineamientos a través de los fallos”, señaló.

Las intervenciones del Colegio de la Magistratura y del presidente de la Corte reforzaron el eje central planteado por la resolución de Aguirre Guarrochena: la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para investigar delitos no elimina el control judicial ni las garantías constitucionales que protegen la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso.

Mientras el Gobierno sostiene que la denominada flagrancia virtual permite actuar con mayor rapidez frente a delitos complejos, la discusión volvió a colocar en primer plano el alcance de los límites constitucionales que deben respetar las fuerzas de seguridad aun cuando utilicen sistemas de inteligencia artificial y monitoreo en tiempo real.

En paralelo, la creciente exposición pública de Virginia Coudannes alimenta especulaciones dentro del oficialismo sobre un posible futuro electoral. En distintos sectores del Gobierno provincial reconocen que la vocera adquirió un protagonismo que excede la comunicación institucional y la ubican entre las dirigentes que el gobernador Maximiliano Pullaro observa para integrar futuras candidaturas. En ese contexto, su intervención en la confrontación con la jueza también aparece como una acción con alto contenido político que fortalece su nivel de conocimiento público y consolida un perfil que podría proyectarse hacia una candidatura dentro del oficialismo.