Una vez más, la movilización ciudadana y la organización civil pudo, si no detener, al menos modificar un proyecto de remodelación sobre un espacio público de la ciudad de Santa Fe que había generado mucha controversia.

El convenio, firmado entre el Municipio y una constructora privada, buscaba remover una histórica fuente de la plaza Colón.

Popularmente conocida como El Palomar, se trata de un espacio turístico de fácil acceso por su cercanía a la Terminal de Ómnibus. Su principal atractivo es darle de comer a las palomas, así como sentarse a tomar mates y descansar en su amplia fuente, sobre cuyo fondo se puede apreciar un amplio mapa de la provincia.

Es, además y lamentablemente, una plaza descuidada por el Ejecutivo local en lo que respecta a su limpieza.

El conflicto escaló hacia mediados de febrero, cuando trascendió en diferentes medios locales que la constructora Sofía Desarrollos remodelaría la plaza Colón en concepto de pago de plusvalía (o multa), por haberse excedido en la construcción de una torre levantada frente a ella.

Ese proyecto planteaba quitar la fuente, que data de 1940, e instalar un “espejo de agua” a nivel del suelo.

La noticia generó alarma entre vecinos de la zona y la sociedad civil organizada en defensa de la ciudad y su patrimonio, quienes cuestionaron la propuesta por considerarla una obra poco conveniente e inconsulta, y señalaron que la constructora volvería a beneficiarse con la remodelación.

Esto, debido a que el espejo de agua quitaría un espacio de ocio, alejando a los transeúntes de la plaza y brindando una mayor sensación de “limpieza” y “atractivo visual” a quienes residan en los departamentos construidos por la empresa.

También se cuestionó al Municipio y al Concejo por permitir pagar la multa “mejorando” un espacio lindero a la obra donde se cometió la infracción, lo que redundaría en un nuevo beneficio para la firma, y se criticó la ausencia de la Comisión de Patrimonio al momento de plantear los cambios.

Por último, se cuestionó un cierto modus operandi del Ejecutivo local al conveniar “plusvalías” con determinadas constructoras, lo cual estaría dejando de ser una excepción para convertirse en norma.

La fuente no se toca

La decisión final de la Municipalidad de dar marcha atrás con su proyecto original y optar por la preservación de la fuente no fue un acto impulsado gratamente por la gestión del intendente Juan Pablo Poletti.

Fue, en cambio, el resultado directo de un arduo derrotero emprendido por organizaciones sociales, asambleas barriales y ciudadanos que debieron plantarse para frenar una intervención inconsulta.

El proyecto iba a ejecutarse a costo cero para el Estado mediante un Convenio Urbanístico, pero con el detalle de que la obra estaría a cargo de la misma constructora que levanta una torre frente al paseo, un edificio que se excedió en al menos tres pisos respecto de lo estipulado en el Reglamento de Ordenamiento Urbano.

“No es la primera vez que la Municipalidad viola los pasos correspondientes para aprobar una excepción”, planteó a este medio Mariano Figueroa, referente del Foro de Debate Metropolitano.

Para justificar su postura, Figueroa expuso la contradicción del sistema de compensaciones que aplica el Ejecutivo al firmar un acuerdo “con la misma empresa que viola la norma”. “De este modo, busca restaurar la plaza que está enfrente, revalorizando la propiedad que la misma empresa está construyendo”, sostuvo.

En ese contexto, el especialista remarcó que el reclamo apunta a “mayor transparencia y respeto por los procedimientos, más allá de la gestión de turno”.

El dato más revelador del manejo institucional de este conflicto fue el ninguneo inicial a los canales democráticos de revisión. La Comisión de Patrimonio, ente fundamental para evaluar intervenciones, había sido deliberadamente marginada del diseño del proyecto original bajo la excusa burocrática de que la plaza no figuraba en un catálogo patrimonial específico.

Asimismo, y tal como señaló Figueroa, las excepciones normativas que generan plusvalía para los privados deberían “reinvertirse” de manera solidaria. Según planteó, se trata de un beneficio “que no debería invertirse en el mismo lugar donde se produce la falta, sino destinarse al norte o al oeste de la ciudad, donde faltan espacios públicos, calles asfaltadas, veredas y agua”.

Ese fue el trasfondo que llevó a que la Asamblea por el Derecho a la Ciudad, junto a profesionales y vecinos autoconvocados, impulsaran una estrategia en defensa del lugar.

Esto incluyó una asamblea de más de tres horas en la propia plaza (donde se llegó a barajar la toma del espacio público), la recolección de firmas, la presentación de reclamos formales y una manifestación en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo.

Finalmente, la presión popular forzó a las autoridades a convocar a los especialistas, revisar el proyecto y anunciar, a través de gacetillas oficiales, nuevas gestiones para dar marcha atrás con la obra y salvaguardar la fuente.

Pero con el fantasma de la pérdida de la Plaza Alberdi y la entrega de terrenos en la Costanera aún latentes, la exigencia de la sociedad civil santafesina ahora apunta a soluciones de fondo que permitan hacer más claros y visibles los convenios urbanísticos firmados por el Municipio.