Por Ignacio Gutierrez Bróndolo.
Entre la gobernanza oceánica, la construcción de capacidades y la cuestión Malvinas.
Los recientes anuncios vinculados al lanzamiento del Protecting Global Commons Program entre Argentina y Estados Unidos podrían ser interpretados inicialmente como un acuerdo técnico orientado al fortalecimiento de capacidades de seguridad marítima. El programa contempla entrenamiento, equipamiento, cooperación y desarrollo de capacidades durante un período de cinco años. Sin embargo, observado en perspectiva y en relación con otros procesos recientes, el anuncio permite formular un interrogante más profundo: ¿estamos frente a una iniciativa puntual de cooperación o ante una manifestación local de nuevas arquitecturas estratégicas que comienzan a organizar el Atlántico Sur?
La pregunta adquiere especial relevancia porque el programa no aparece aislado. En los últimos años surgieron iniciativas como el Atlantic Centre, impulsado por Portugal como centro de excelencia orientado a seguridad marítima, desarrollo doctrinario, formación y construcción de capacidades bajo un enfoque denominado Whole of Atlantic Approach, es decir, una visión integrada del Atlántico como espacio estratégico común.
La diferencia entre ambas iniciativas no es institucional sino conceptual. Mientras el Atlantic Centre opera principalmente sobre la producción de doctrina, diálogo político y construcción de capacidades, el Protecting Global Commons incorpora componentes operativos vinculados a vigilancia, entrenamiento y seguridad marítima. No parecen formar parte de una misma estructura formal, pero sí parecen compartir un lenguaje estratégico común.
Y allí aparece un primer dato relevante: para determinados actores internacionales el Atlántico ya no constituye simplemente una delimitación geográfica o un espacio periférico. Comienza a ser concebido crecientemente como un espacio integrado de seguridad, gobernanza oceánica, vigilancia y construcción de capacidades.
Sin embargo, esta integración no se produce en condiciones simétricas. En el caso argentino, la discusión presenta una complejidad adicional: el Atlántico Sur constituye un espacio atravesado por una disputa de soberanía aún abierta vinculada a las Islas Malvinas y a la presencia británica en el archipiélago. En consecuencia, cualquier arquitectura regional de seguridad o gobernanza adquiere inevitablemente implicancias políticas y estratégicas adicionales. La existencia de una base militar de relevancia estratégica como Monte Agradable recuerda que el Atlántico Sur no constituye un espacio vacío ni neutral, sino un ámbito donde capacidades militares, logística y proyección estratégica ya se encuentran operando de manera efectiva.
Como señalaba Hans Morgenthau, las relaciones internacionales continúan organizándose alrededor del interés nacional definido en términos de poder. Del mismo modo, John Mearsheimer sostiene que los sistemas internacionales competitivos impulsan a las grandes potencias a desarrollar mecanismos orientados a maximizar seguridad e influencia sobre espacios estratégicos relevantes.
Desde esta perspectiva, la pregunta central ya no pasa únicamente por la existencia de iniciativas multilaterales o programas de cooperación internacional. La verdadera discusión remite a quién posee capacidad efectiva para estructurar dichos espacios.
Porque algunos actores: producen doctrina, desarrollan interoperabilidad, construyen capacidades, generan inteligencia, financian infraestructura, y diseñan mecanismos de gobernanza. Otros, en cambio, simplemente participan.
Y allí aparece un concepto que podría resultar central para comprender los desafíos contemporáneos del Atlántico Sur: la posesión estratégica.
En este trabajo se entiende por posesión estratégica la capacidad efectiva de un Estado para organizar, estructurar y ejercer influencia sostenida sobre un espacio geopolítico determinado, independientemente de la existencia de títulos jurídicos formales. En consecuencia, la posesión estratégica no remite exclusivamente a presencia física o soberanía territorial, sino también a la capacidad para producir doctrina, desarrollar infraestructura, generar información, sostener vigilancia y construir redes institucionales.
En el siglo XXI, la ausencia de posesión estratégica puede resultar incluso más significativa que la ausencia de propiedad jurídica.
Un Estado puede mantener un reclamo legítimo, sostener respaldo diplomático internacional y conservar títulos jurídicos sólidos, pero aun así experimentar una pérdida progresiva de capacidad efectiva para ordenar el espacio sobre el cual pretende ejercer soberanía.
La cuestión resulta particularmente sensible para Argentina.
Durante décadas, la política nacional sobre el Atlántico Sur estuvo estructurada principalmente alrededor de dos ejes: la cuestión Malvinas y el reclamo diplomático frente al Reino Unido. Dicha estrategia permitió sostener legitimidad internacional y preservar el reclamo soberano como política de Estado. Sin embargo, mientras Argentina desarrollaba una estrategia predominantemente jurídico-diplomática, otros actores comenzaron a construir progresivamente capacidades, redes de seguridad, mecanismos de vigilancia y esquemas de gobernanza sobre el Atlántico.
La discusión ya no parece limitarse únicamente a soberanía territorial o presencia militar clásica.
Comienza a desplazarse hacia mecanismos más complejos: seguridad marítima, interoperabilidad, vigilancia oceánica, inteligencia, logística, y construcción institucional.
Esto adquiere una dimensión particularmente delicada cuando se incorpora la cuestión Malvinas. Argentina sostuvo históricamente una posición consistente respecto de cualquier iniciativa regional o atlántica que pudiera diluir o relativizar la disputa de soberanía con el Reino Unido. La objeción no radicaba en la cooperación internacional en sí misma, sino en la posibilidad de que determinados formatos institucionales terminaran normalizando la presencia de una potencia extrarregional que mantiene una ocupación efectiva y una controversia soberana abierta.
La cuestión no es menor porque cuando los espacios estratégicos comienzan a organizarse mediante arquitecturas multilaterales, la discusión deja de remitir únicamente a quién posee el territorio y comienza a preguntarse quién organiza el territorio.
Y esa diferencia puede resultar decisiva. Helio Jaguaribe sostenía que la autonomía de las naciones periféricas depende de su capacidad para construir densidad estratégica suficiente para ampliar márgenes propios de decisión. Marcelo Gullo, por su parte, advertía que la subordinación contemporánea ya no se produce exclusivamente mediante ocupación directa, sino también a través de procesos de dependencia vinculados a la incapacidad de construir poder propio.
Desde esta perspectiva, el problema argentino no consiste necesariamente en la presencia de actores internacionales sobre el Atlántico Sur. El problema aparece cuando dicha presencia sustituye capacidades nacionales insuficientemente desarrolladas.
Porque cuando un Estado deja de producir doctrina propia, debilita infraestructura estratégica y externaliza progresivamente funciones vinculadas a vigilancia, logística o seguridad, corre el riesgo de experimentar algo más profundo que una pérdida de soberanía formal: una pérdida gradual de control efectivo.
La verdadera discusión ya no consiste únicamente en determinar quién posee territorio. La pregunta estratégica comienza a ser otra: ¿quién diseña, organiza y estructura el Atlántico Sur?
Porque las disputas contemporáneas no siempre avanzan mediante ocupación clásica o expansión territorial directa. Muchas veces se consolidan mediante redes, capacidades y mecanismos de gobernanza que terminan definiendo quién ordena el espacio y quién simplemente participa de él.
El riesgo argentino puede no consistir únicamente en perder presencia física sobre el Atlántico Sur. El riesgo más profundo consiste en quedar progresivamente ausente de los mecanismos que comienzan a organizarlo. Porque las disputas contemporáneas ya no se definen únicamente por la posesión territorial, sino también por la capacidad de producir doctrina, construir capacidades y estructurar espacios estratégicos. La discusión de fondo ya no remite solamente a Malvinas: remite a la capacidad argentina para recuperar una estrategia nacional sobre el Atlántico Sur. Porque en el siglo XXI la soberanía ya no se limita a ocupar espacios: también exige capacidad para organizarlos.
Ignacio Gutierrez Bróndolo es Licenciado en Ciencias Políticas: Especialista en Malvinas