El oficialismo apura en el Congreso la aprobación de un acuerdo con dos fondos que litigan desde 2001, bajo advertencia de vencimientos judiciales. La oposición cuestiona el contraste entre el desembolso externo y la política de ajuste interno.
En una sesión marcada por la urgencia del oficialismo, la Cámara de Diputados debate el acuerdo que habilita el pago de alrededor de US$ 171 millones a dos fondos de inversión que litigaron contra la Argentina por bonos en default desde 2001. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para cerrar los últimos juicios abiertos por la reestructuración de deuda.
En el litigio judicial, enmarcado en los Estados Unidos, se estableció como fecha límite de la aprobación del Congreso el 30 de junio. De ahí la urgencia de LLA para que se apruebe. En caso contrario, los litigios impulsados por los fondos Bainbridge Fund y Attestor Master Value podrían reactivarse, con riesgo de nuevos reclamos contra el Estado argentino.
Qué se está votando
El texto autoriza el pago de US$ 67 millones a Bainbridge y US$ 104 millones a Attestor, dos acreedores que quedaron fuera de los canjes de deuda posteriores al default de 2001 y mantuvieron juicios durante más de dos décadas en tribunales estadounidenses. Se trata de uno de los últimos capítulos abiertos del proceso iniciado tras la cesación de pagos más grande de la historia argentina, cuando una parte de los bonistas aceptó las reestructuraciones y otra optó por litigar para cobrar el valor nominal de los títulos.
Desde el Gobierno sostienen que el cierre de este litigio reduce la exposición a embargos y elimina el riesgo asociado a los mecanismos de “discovery” del sistema judicial estadounidense, que permiten a los acreedores rastrear activos del Estado en el exterior. En paralelo, el Ejecutivo busca reforzar señales hacia los mercados internacionales en un contexto en el que intenta recuperar acceso al crédito externo y promover inversiones en sectores estratégicos como energía, minería y economía del conocimiento. La negociación con los holdouts se enmarca en esa hoja de ruta junto con el impulso del denominado Súper RIGI.
El costo político del ajuste
La iniciativa abre un frente político sensible para la administración de Javier Milei. Mientras el Gobierno sostiene una política de fuerte ajuste sobre jubilaciones, universidades, obra pública y transferencias a las provincias, avanza en la autorización de un desembolso millonario destinado a fondos que compraron deuda en default a precios de remate.
Para la oposición, el contraste expone una tensión central del programa económico: disciplina fiscal hacia el gasto interno y aceleración de pagos vinculados a litigios externos con alto costo financiero y escaso debate público.
En esa línea, Legisladores de distintos bloques opositores cuestionan tanto el contenido como la urgencia del proyecto. Señalan que el Ejecutivo busca aprobarlo antes del vencimiento judicial sin brindar información detallada sobre el precio de adquisición de los bonos ni sobre la rentabilidad acumulada por los fondos durante más de veinte años de litigio. También advierten que el Congreso está votando bajo presión de plazos fijados por tribunales extranjeros, lo que limita el margen de discusión política sobre una decisión que implica desembolsos relevantes de divisas.
Una señal al mercado con final abierto
Desde el oficialismo consideran que la aprobación del acuerdo sería un paso importante para cerrar definitivamente los conflictos derivados del default de 2001 y mejorar la percepción de riesgo país. Pero el desenlace legislativo también funcionará como prueba política, ya que marcará hasta qué punto el oficialismo logra sostener su estrategia de normalización financiera en un contexto de ajuste interno y creciente debate sobre sus prioridades.
En caso de no aprobarse antes del 30 de junio, el Ejecutivo enfrenta la posibilidad de que se reabran litigios que considera costosos tanto en términos financieros como reputacionales.