El Gobierno de Javier Milei se apresta a lanzar un blanqueo de capitales por decreto que, según expertos, no solo es ilegal, sino que además contradice abiertamente los compromisos internacionales asumidos por la Argentina frente al GAFI, el organismo internacional que lucha contra el lavado de dinero. Pero eso poco parece importarle al oficialismo, que, en su cruzada libertaria, pisa códigos legales como si fueran cucarachas.
El blanqueo por decreto es lisa y llanamente inconstitucional. Sin una ley del Congreso, cualquier intento de perdonar capitales no declarados constituye una flagrante violación al orden legal. Pero el oficialismo, en su afán por recaudar como sea, está dispuesto a saltarse la ley con la misma facilidad con la que predica la motosierra.
«Es ilegal porque el blanqueo implica condonación de deudas y eso solo lo puede hacer el Congreso», explicó Luis «Toto» Caputo, con claridad quirúrgica un tributarista que prefiere no ser nombrado para evitar represalias. Y agregó: «Además, el blanqueo por decreto le abre la puerta al lavado de dinero, lo que pone en jaque los acuerdos con el GAFI». Pero en el país del «no me importa nada», los compromisos internacionales son papel mojado si hay dólares de por medio.
El decreto permitiría ingresar dinero en efectivo al circuito legal sin pedir demasiadas explicaciones, como si el Estado argentino se convirtiera en una gran lavandería de capitales. El mensaje es claro: si evadiste, si lavaste, si la sacaste negra, no te preocupes. Ahora podés traerla y encima con beneficios. Total, el sacrificio lo hacen los boludos que pagan impuestos.
Desde la oposición y algunos sectores judiciales ya se preparan para presentar amparos y denuncias. Saben que este blanqueo exprés no solo erosiona el sistema legal, sino que además deja a la Argentina expuesta internacionalmente. Pero al gobierno poco le importa. En nombre de la libertad, parece dispuesto a enterrar la institucionalidad bajo una alfombra de billetes sucios.