El viernes pasado, cuando los agentes de Gendarmería llamaron a la puerta del departamento de Belgrano en Buenos Aires, el juez federal de Rosario Gastón Salmain no tuvo más alternativa que entregar su teléfono. Un iPhone 17, reluciente, pero cerrado a cal y canto. No entregó el código que permite abrirlo. Y ahí empezó otro capítulo de una historia donde la Justicia investiga a uno de sus propios jueces.

Salmain está bajo investigación en tres causas judiciales y en un sumario disciplinario del Consejo de la Magistratura. En Rosario lo miran de cerca los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay Molina, de la Procuración de Lavado de Activos (Procelac). Lo acusan de haber autorizado en diciembre de 2023 al Fideicomiso Attila S.A., vinculado al financista Fernando Whpei, la compra de 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, en pleno cepo cambiario. Una decisión que el Banco Central calificó como irregular y que luego fue revertida por la Cámara Federal de Rosario, cuando el dinero ya había volado.

Según la declaración del propio Whpei —que se presentó como arrepentido en la causa que tiene al exjuez Marcelo Bailaque preso en su casa—, el magistrado se habría quedado con el 15 por ciento de la operación. El negocio, según los investigadores, fue simple y rentable: comprar al oficial, vender al blue y multiplicar los billetes. La ganancia estimada, dos millones de dólares.

Pero el caso no termina ahí. A fines del año pasado, Salmain intentó quedarse con las causas contra Carlos Vaudagna, exjefe de ARCA Rosario, acusado de corrupción y de participar en maniobras junto a Bailaque. Lo hizo de manera irregular, pidiendo la competencia de expedientes que no le correspondían. Los fiscales lo recusaron y lograron frenar la maniobra.

Los vínculos entre el juez y Vaudagna no son nuevos: datan de 2018, mucho antes de que Salmain fuera designado como juez federal, en 2023. Las sospechas apuntan a que ese intento de quedarse con los expedientes tenía precio.

Por estos dos episodios —el dólar Attila y la causa Vaudagna—, la Procelac pidió allanamientos en el juzgado y en el domicilio de Salmain. El juez federal Carlos Vera Barros los autorizó, pero una torpeza administrativa convirtió el operativo en un papelón institucional: la orden se publicó por error en el Centro de Información Judicial (CIJ) y se envió por el sistema Lex 100 a todas las fiscalías federales de Rosario. El secreto, evaporado.

Cuando la medida ya era pública, Salmain desapareció. Durante 32 horas no respondió llamadas ni se presentó en su despacho. Hasta que Gendarmería lo localizó en su departamento porteño. Entregó el celular, pero se negó a revelar la clave.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura avanza en una investigación que podría dejarlo fuera de la Justicia. La presidenta de la comisión de Disciplina, María Alejandra Provítola, pidió en julio las causas en las que está implicado y los concursos en los que se presentó. Se descubrió que, al concursar para juez, omitió declarar que había sido expulsado de la Justicia Federal de Capital hace veinte años por ofrecer un soborno para direccionar un expediente. El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, impulsó una pesquisa para verificar cómo logró pasar inadvertido en casi treinta concursos hasta ser designado en el marco del Concurso Nº 387.

A este entramado se suma otro nombre: Santiago Busaniche, abogado, escribano y exrugbier santafesino, señalado como operador judicial con llegada a despachos de alto nivel. La semana pasada su departamento del Palacio Paz en Buenos Aires fue allanado por orden de la Procelac. Le secuestraron su celular, que podría contener conversaciones clave con Vaudagna.

Busaniche es un personaje de los sótanos del poder judicial. Su apellido infunde respeto —y temor— en los tribunales federales. Nacido en Santa Fe, con vínculos familiares con el exgobernador Carlos Reutemann, fue acusado de intervenir en la causa que Bailaque y Vaudagna armaron en 2019 contra el financista Claudio Iglesias, a quien extorsionaron exigiéndole 200 mil dólares para cerrarle una causa por lavado de dinero.

De acuerdo con los investigadores, Busaniche presionó para que se dictaran los allanamientos contra Iglesias a partir de un anónimo falso ingresado por la AFIP, y luego intervino para “acomodar” informes que le devolvieran parte del dinero incautado, con el cual se habría pagado el soborno exigido.

Los nombres de Bailaque, Vaudagna, Whpei, Busaniche y ahora Salmain dibujan un mapa inquietante del poder judicial en Rosario. Un sistema donde jueces, financistas y operadores se cruzan en la frontera difusa entre la ley y el negocio.

Salmain llegó al juzgado federal de primera instancia en 2023, en el fuero civil, comercial y contencioso administrativo. Dos años después, su carrera judicial pende de un hilo. El teléfono que entregó —sin código— se convirtió en la metáfora perfecta de su situación: bloqueado, sospechado y bajo pericia.

Mientras tanto, en los pasillos judiciales de Rosario, las conversaciones bajan la voz cuando alguien menciona a Busaniche o a Salmain. No por respeto, sino por miedo.