Descontento con el dictamen de mayoría del frente Unidos en relación al modelo de selección y remoción de fiscales previsto para la nueva Constitución provincial, la cabeza del Ministerio Público de la Acusación (MPA) inició esta semana contactos “informales” con reformadores de la comisión Redactora. «Les acercamos propuestas de lo que entendemos es una mejora para constitucionalizar lo que que está haciendo el dictamen del Poder Judicial”. Así lo contó ayer la fiscal General, María Cecilia Vranicich, luego del acto de jura de 28 fiscales adjuntos para las regionales de Rosario y Venado Tuerto. (ver aparte)

Hace dos días las asociaciones que agrupan a los Defensores Públicos y a los Fiscales de la provincia de Santa Fe emitieron un comunicaron en el que “observan con profunda preocupación el dictamen de mayoría de la Comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales” de la Convención reformador de la Constitución, que corresponde al frente oficialista Unidos, atento a que recorta la independencia de ambos órganos y la remoción de los funcionarios queda a cargo de un Tribunal de Enjuiciamiento con supremacía de sectores políticos.

“Las reformas diseñadas en el dictamen de la mayoría golpean la independencia del Poder Judicial y los Ministerios Públicos, en tanto atacan su imparcialidad funcional y favorecen la selección y remoción de los jueces, fiscales y defensores por órganos de marcada superioridad política, implicando presiones de los grupos partidarios, ocasionalmente mayoritarios”, dice el comunicado.

Ahora fue la propia jefa de los fiscales santafesinos, Vranicich, quien planteó el descontento pero se esperanzó en poder mejorar la redacción del nuevo texto magno, de modo tal que contemple el punto de vista del MPA. “Tenemos que esperar al miércoles que es cuando se va a votar puntualmente el dictamen de la comisión del Poder Judicial”, dijo la funcionaria.

“Nosotros hemos tenido desde un principio un posicionamiento institucional claro. Realmente muchas de las cuestiones que hemos planteado, los convencionales las han tomado, con lo cual estamos muy contentos con la declaración del MPA como independiente del resto de los poderes del Estado en cabeza de un fiscal General”, añadió sobre aquellas sugerencia que fueron incluidas en el dictamen de mayoría de Unidos.

Vranicich, en cambio, dijo con respecto a la selección de fiscales y a la remoción de fiscales que tenían un posicionamiento distinto que el terminó en la redacción del dictamen, que tiene supremacía de representantes políticos sobre los técnicos en el Consejo Asesor que se encargará realizar los concursos y elaborar las ternas para enviarle al Ejecutivo con el fin de cubrir vacantes, y también será el que remueva a fiscales por inconductas. “Pero bueno, estamos haciendo también hasta hoy mismo algunas propuestas a algunos convencionales de mejora. Nosotros entendemos que puede mejorar lo que se está proponiendo. Ellos tendrán la última palabra la semana que viene”, abundó.

–La asociación de Fiscales y las Defensores hicieron un planteo en relación justamente tanto al mecanismo que está en el dictamen de mayoría de la Convención en cuanto a la remoción y la selección. ¿Comparten esas críticas?-, preguntó Rosario/12.

–Sí, nosotros, insisto, tenemos un posicionamiento institucional específico. Nosotros pretendíamos que la selección y la remoción de fiscales sea idéntico al sistema que tiene el Ministerio Público Fiscal de Nación. Pero bueno, claramente esto no ha sido atendido.

Allí, Vranicich contó que inició gestiones “informales” para intentar torcer esa voluntad mayoritaria del dictamen en la comisión Redactora de la Convención constituyente. “Entonces, un poco nosotros estamos haciendo propuestas desde un lado, podría decirlo ya informal en el estado en el que estamos, con la mayoría de los convencionales de la comisión Redactora dándole propuestas de lo que, nosotros entendemos, es una mejora para constitucionalizar las propuestas que están haciendo en el dictamen del Poder Judicial”, abundó.

El despacho de mayoría de la comisión de Poder Judicial y otros órganos constitucionales que firmaron los convencionales de Unidos, y que se convertirá en la letra de la nueva Constitución, crea un Ministerio Público bicéfalo, constituido por un Ministerio Público de la Acusación (fiscalías) y uno de la Defensa penal, independientes entre sí.

El texto define que “el Ministerio Público es un órgano independiente de los otros poderes del Estado, con autonomía funcional y autarquía financiera”, pero tanto a la hora de definir cómo se seleccionarán jueces, fiscales y defensores como a la de establecer el mecanismo de su remoción en caso de mal desempeño o comisión de un delito, las asociaciones denuncian la injerencia del sector político.

El polémico dictamen mayoritario crea un Consejo Asesor de Selección de la Magistratura y del Ministerio Público que funcionará en la órbita del Poder Ejecutivo y tendrá como función organizar la selección de jueces, fiscales y defensores en ternas que serán elevadas al gobernador para que luego las someta al voto de la Asamblea Legislativa.

Dice el texto del oficialismo: “Está integrado por un representante del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación o del Ministerio Público de la Defensa teniendo en cuenta el órgano de la vacante a cubrir; un diputado; un senador; un abogado matriculado en los Colegios de la Abogacía con asiento en la provincia; y un académico perteneciente a Universidades Públicas con sede en la provincia con especialización en materia afín al cargo concursado”.

En cuanto a la remoción, Unidos plantea en su despacho de mayoría que los funcionarios “son enjuiciables por la comisión de faltas graves por ante un Tribunal de Enjuiciamiento de la Magistratura y del Ministerio Público integrado por un magistrado, fiscal o defensor, según corresponda; dos senadores y dos diputados elegidos por la Asamblea Legislativa con representación plural y dos abogados matriculados en los Colegios de la Abogacía con asiento en la Provincia”.

Eso es lo que cuestionan las asociaciones de fiscales y defensores en el comunicado, en el que afirman que “el actual intento de politización y desmerecimiento de las capacidades técnicas de quienes tienen que ejercer cotidianamente el servicio de justicia, atenta contra la eficacia y eficiencia del sector, provocando una disminución cualitativa de las respuestas al ciudadano, así como puede fomentar la implementación de medidas demagógicas, en detrimento de las opciones jurídicas”.