La inauguración hoy en Santa Fe del nuevo Anexo del Palacio de Justicia llega envuelta en una controversia institucional que excede largamente la distribución de oficinas. Lo que en principio debía representar un hito para la modernización de la infraestructura judicial de la provincia terminó convirtiéndose en el escenario de una pulseada de poder entre la Corte Suprema de Justicia y los organismos del Ministerio Público, en medio de los cambios introducidos por la reciente reforma constitucional.

Desde el máximo tribunal, presentan al edificio como la respuesta a una demanda histórica de mayores espacios para el funcionamiento de los tribunales y una mejora en la atención al público en el foro santafesino.

La ceremonia de hoy, en la sede sobre la avenida General López de la capital provincial, será encabezada por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, con los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y Margarita Zabalza. También participará el gobernador Maximiliano Pullaro y otras autoridades provinciales. Sin embargo, ya se sabe que pegarán el faltazo las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal será una señal elocuente del conflicto que atraviesa al sistema judicial santafesino. María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson, respectivamente, reaccionaron a coro días atrás y propalaron su desacuerdo con el lugar asignado a sus respectivas estructuras.

La disputa estalló cuando la Corte resolvió reorganizar los espacios internos del nuevo edificio. En lugar de mantener la distribución prevista durante la planificación original de la obra, decidió ofrecer al Ministerio Público dos alternativas: ocupar el sexto piso del flamante anexo o trasladarse al edificio de San Martín 2651, donde actualmente funciona el fuero laboral.

La superficie ofrecida ronda los cuatro mil metros cuadrados, un espacio que la Corte considera suficiente para albergar tanto al Ministerio Público de la Acusación como a la Defensa Pública. Pero la respuesta de ambos organismos fue inmediata y contundente.

Fiscales y defensores rechazan la propuesta por entender que desconoce compromisos asumidos durante la planificación de la obra y vulnera las garantías incorporadas por la Constitución reformada en 2025. Según sostienen, el proyecto original les asignaba en forma específica el cuarto y quinto piso del edificio, además de sectores del subsuelo, mientras que la Defensa Pública tenía reservado el primer nivel.

Para el Ministerio Público no se trata solamente de una discusión edilicia. La controversia, afirman, compromete la autonomía institucional adquirida tras la reforma constitucional y afecta directamente la organización del nuevo sistema penal acusatorio. En la Corte son pragmáticos: “Ahora son un organismo extrapoder, y este edificio es el Poder Judicial”, resumen en esos pasillos, cerca de Gutiérrez.

Desde la Fiscalía General replican con una metáfora que grafica el nivel de deterioro de la relación institucional: hablan de un “divorcio” que ahora exige una verdadera división de bienes.

El MPA y el Servicio de Defensa presentaron la semana pasada un recurso de revocatoria contra las acordadas mediante las cuales la Corte modificó la distribución de los espacios. Allí sostiene que la decisión fue adoptada de forma unilateral, sin la conformidad que exige una cláusula de la Constitución provincial.

Esa disposición establece que no podrá alterarse el destino de los inmuebles asignados al Ministerio Público sin el consentimiento expreso de sus autoridades. Para la Fiscalía General, ese requisito fue completamente omitido.

El escrito incorpora además otro elemento de peso: recuerda que la construcción del inmueble fue financiada mediante un crédito autorizado por la Ley Provincial 13.543, cuyo destino específico era levantar el Centro de Justicia Penal de Santa Fe. Desde esa perspectiva, utilizar sectores previstos para el Ministerio Público con otros fines implicaría apartarse del objetivo para el cual fueron aprobados los recursos públicos.

Por esa razón el organismo también solicitó una medida administrativa de no innovar que suspenda cualquier mudanza hasta tanto quede resuelta la controversia. El planteo advierte que una ocupación efectiva de los espacios por otros organismos produciría un perjuicio de difícil reparación y volvería abstracta cualquier resolución favorable que pudiera adoptarse posteriormente.

La inauguración del nuevo anexo, prevista originalmente como una celebración por la ampliación de la infraestructura judicial, terminará así atravesada por un conflicto que expone una discusión mucho más profunda: quién administra los recursos del sistema de justicia después de la reforma constitucional y hasta dónde llegan las facultades de la Corte sobre organismos que hoy reclaman una autonomía plena.