Política Nacional

El oficialismo acelera la moratoria previsional con el bloque de Córdoba, pero le piden precisar cómo se financiará

Obtuvo dictamen en Diputados, sin respaldo de Juntos. El interbloque federal apoya, pero pide conocer el impacto fiscal y si complica el presupuesto.

El ley para extender la moratoria previsional tuvo dictamen esta tarde en Diputados con respaldo del interbloque federal, que de todos modos pidió precisar cómo se financiará y si complica las pautas fiscales aprobadas en el presupuesto.

Ocurre que un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que consumirá hasta 0.48% del PBI. La ley fue elaborada por los senadores del Frente de Todos con datos de Anses y cuando se debatió aseguraron que el costo fiscal sería casi nulo, porque quienes no acceden a una jubilación por falta de aportes cobran una pensión para la vejez, que es el 80 de un haber previsional mínimo.

Además, la ley tiene un plan para completar aportes a diez años de jubilarse, lo que se considera que será una fuente de ingreso a Anses para financiar la moratoria.

 

En el Senado fue aprobada con el respaldo del oficialismo y de la cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti. El trío de diputados de esa provincia forma parte del interbloque federal, que tiene 8 votos y conduce Alejandro «Topo» Rodríguez, quien participó del plenario de comisiones y firmó el dictamen en disidencia.

«Corresponde que se informe cuáles son las finalidades, funciones y partidas presupuestarias a eliminar o reestructurar, con el propósito de afrontar el impacto fiscal del Plan de Pago de Deuda Previsional, porque el presupuesto 2023 no contempla un financiamiento», sostuvo el «Topo» Rodríguez en su dictamen.

El oficialismo asegura que el costo fiscal es mínimo, porque quienes no acceden a una moratoria tienen una pensión. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso lo calculó en 0.48 del PIB. Los partidos chicos la quieren aprobar, pero quieren saber si no complica la pauta fiscal.

Según el cruce de información que hicieron sus asesores, la diferencia entre el cálculo oficialista y el de la OPC es que la moratoria permitiría sumar en una primera etapa jubilados con ingresos por encima de la mínima. La diferencia no es menor, porque Massa debe garantizar un déficit de 2.5 del PIB para cumplir su compromiso con el FMI.

El oficialismo ignoró el debate sobre el costo fiscal y firmó dictamen. Confía en le apoyo de los federales para sancionar la ley antes de fin de año, cuando vence la prórroga de la moratoria dispuesta por decreto Alberto Fernández.

Juntos por el Cambio se dividió otra vez, porque Alejandro Cacace, de Evolución Radical, presentó su propio proyecto, que consiste en una prestación básica para quienes hayan aportado menos de 30 años.

Sería  proporcional y considerando el promedio de la remuneración promedio sujeta a aportes (RIPTE), que abastece la caja del Anses.

«La única forma de que haya solución para los que no aportaron los 30 años es una prestación proporcional, que consistiría en el 70% de la prestación básica universal más el 1,5% por año aportado», precisó Cacace. En el PRO y la UCR no estaban al tanto de su dictamen y defendieron la pensión actual para los que no llegan a jubilarse, creada en 2016.

Carlos Heller coordinó la reunión de comisión. 

El oficialismo defendió la ley tal como vino del Senado. «Para nosotros no es una moratoria sino un plan de pago, porque se exige tener una base de aportes previsionales», la defendió Marisa Uceda, presidenta de la comisión de Previsión Social.

Se cruzó fuerte con la cordobesa Laura Rodríguez Machado, del PRO, para quien como está redactada la ley se abriría la puerta a que cualquier persona acceda a una jubilación sin importar sus aportes. «No es un así, porque hay un límite de cuotas. No puedo volver a primer año de la facultad», la cruzó la mendocina.

El entrerriano Marcelo Casaretto, del Frente de Todos, recordó que el déficit de Anses lo financia el Tesoro. «Todos quieren tener un salario digno, pero si alguien no lo ha hecho a lo largo de su vida laboral no ha sido por voluntad propia, sino por las condiciones imperantes en el sistema. Y nosotros como Estado lo tenemos que reconocer y resolver».

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