Héctor Somaglia le solicitó al Fiscal General que deje sin efecto la resolución por la cual el fiscal de Rafaela se opone a trabajar con Saín.
La pelea política entre el oficialismo y la oposición santafesina que tiene su capítulo judicial a partir de la causa del juego clandestino que evidenció el vínculo de bandas mafiosas con dirigentes, sumó un nuevo capítulo a partir de la decisión del Fiscal Regional de Rafaela, Diego Vigo de resistirse a trabajar con la Oficina de Investigaciones por la llegada a su jefatura del ex ministro de Seguridad, Marcelo Saín.
A través de una resolución, Diego Vigo, responsable del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rafaela, anunció su determinación la cual, fue considerada por el secretario de Justicia de la provincia, Héctor Somaglia, de «severa gravedad institucional» y le pidió al Fiscal General, Jorge Baclini, que deje sin efecto la decisión de su subordinado.
A su vez, Somaglia pide que el caso se gire a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura donde se evalúa el accionar de los fiscales entendiendo que se trata de una manifiesta extralimitación legal y a la par, se analice si «el comportamiento desplegado (por Vigo) podrían configurar la comisión de algún ilícito penal».
En ese sentido, el secretario de Justicia señaló que el fiscal «dispuso de facto, sin sustento legal alguno, el cese de la intervención del Organismo de Investigaciones como órgano previsto en el art. 30 de la Ley Nro. 13.013» y de esta manera, anuló la competencia de manera indebida, agregó en la nota girada a Baclini.
Es que en el gabinete de Perotti sospechan que los fiscales regionales de Santa Fe y Rafaela trabajan en sintonía con altos dirigentes del socialismo y el radicalismo y que en las últimas semanas, algunas decisiones no hicieron más que alimentar las dudas.
Es que por una parte, Vigo a través de un fiscal subordinado ordenó la detención del jefe de la red de juego clandestino, Leonardo Peiti, cuando estaba en libertad como arrepentido en Rosario mientras que su par de Santa Fe, Carlos Arietti está señalado de haber trabado la investigación sobre el crimen del financista Oldani. Ambos se opusieron al regreso de Saín a la Oficina de Investigaciones que el ex ministro ganó por concurso durante el gobierno del socialista Miguel Lifschitz.
En sus fundamentos para pedir que se investigue al fiscal Vigo por la Comisión de Acuerdos y penalmente, Somaglia insiste en que la decisión de no querer trabajar con Investigaciones no tiene asidero normativo y se sustenta en «cuestiones absolutamente ajenas al funcionamiento del referido órgano como instancia institucional» y que carece de toda competencia para instruir al cese de intervención de la oficina que conducirá Saín.
En ese sentido, recuerda que la ley que los engloba, sólo prevé la posibilidad de «dirigir, coordinar y supervisar la tarea de los fiscales y órganos de apoyo» y por ende, «configura una conducta que conspira contra la propia institución del Ministerio Público de la Acusación».
En consecuencia, Somaglia advierte sobre «el quiebre institucional que pudiera provocar el decisorio que aquí se critica» y afirma que «el Ministerio Público de la Acusación debe velar por la convivencia de un Estado de Derecho que privilegie la vigencia del principio de legalidad por sobre el de oportunidad».