El juez federal Marcelo Bailaque fue imputado por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal. Tres fiscales en otros tantos expedientes convencieron al juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz de imponerle prisión preventiva por 90 días, la que quedará en suspenso por su calidad de juez hasta que se realice el jury de enjuciamiento. En tanto, se ordenó la inhibición de sus bienes muebles e inmuebles por 1.500 millones de pesos. «Todos los objetivos que nos habíamos planteado en esta audiencia, es decir, que los tres hechos queden imputados y las medidas cautelares, tanto privativas de libertad como patrimoniales que fuimos a pedir, fueron conseguidas. En tanto, la medida de índole patrimonial en cuanto al monto refuerza a nuestra imputación, porque en base a la misma se toman los potenciales perjuicios que hay que reparar» le dijo a Rosario12 el fiscal Federico Reynares Solari, uno de los tres acusadores.

El mismo funcionario agregó que «como Ministerio Público fue muy importante haber podido llevar adelante el acto de imputación, y haberlo hecho de la manera que lo hicimos, ya que es un integrante del lugar donde trabajamos, y teníamos que hacerlo con una mayor responsabilidad y estando seguros de lo que hacíamos, porque se puso en tela de juicio a un integrante del la misma justicia federal».

En esa línea Reynares remarcó: «Desde el punto de vista institucional nosotros hicimos lo que tenemos que hacer, ahora depende de otras instancias, como el Consejo de la Magistratura y lo único que nos hubiese gustado es que un juez federal en funciones, si tomaba la decisión de declarar, tendría que haber aceptado preguntas porque, si bien hay obligaciones que no están escritas, no son menos obligatorias. Aqui hay un deber transparencia frente a toda la ciudadanía y a los habitantes de la ciudad Rosario de otorgar una explicación frente a la gravedad de las imputaciones que se le estaban haciendo. En ese sentido consideramos que desde el punto de vista institucional hubiese sido mejor una respuesta acabada del juez Bailaque a cada una de las imputaciones».

Rodríguez Da Cruz cuantificó en más de 1.400 millones de pesos el posible monto de beneficio ilícito obtenido, perjuicio generado en los diferentes casos, multas y costas judiciales. Por este motivo, solicitó para su aseguramiento el embargo preventivo de cinco inmuebles, una camioneta y una embarcación. Además, requirió la inmovilización de cuatro cuentas bancarias de Bailaque, excluyendo la cuenta sueldo. Por último y en forma subsidiaria, solicitó la inhibición general de bienes para el imputado Bailaque.

Además de Reynares, los acusadores fueron el titular de la delegación regional de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) región NEA, Matías Scilabra. De la audiencia también participaron el fiscal general interino con funciones de coordinación del Distrito Rosario, Javier Matías Arzubi Calvo; los titulares de la PROCUNAR, Diego Iglesias; de la PROCELAC, Diego Velasco; y de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

El primero en acusar fue Scilabra, quien cuestionó a Bailaque en la tramitación de una causa por tráfico de estupefacientes contra el narco condenado Esteban Lindor Alvarado, que tramitaba desde 2013. Así, el representante del Ministerio Público detalló evidencias sobre las omisiones del magistrado, que demoraron el tratamiento de la causa, como fueron rechazar intervenciones telefónicas sobre los investigados, medidas previas sobre la inhibición de sus bienes, rechazar la acumulación de una causa por asociación ilícita que tramitó una fiscalía provincial. Según expuso Scilabra, Bailaque tenía como asesor contable personal a Gabriel Mizzau, que a su vez prestaba asesoría al entramado de empresas vinculadas Alvarado y a su exmujer, Rosa Capuano, con quien el contador mantuvo contactos hasta septiembre de 2014.

Scilabra recordó que, de acuerdo a manifestaciones de los fiscales provinciales que impulsaban las investigaciones contra Alvarado, “el juez estuvo once meses sin despachar medidas”, lo cual obedeció a la connivencia con el contador y Alvarado. “Esas omisiones, dilaciones y rechazos impidieron conocer la estructura criminal de la organización” que comandaba Alvarado.

A su turno el fiscal Argibay Molina le imputó al juez encartado «haber realizado de manera coordinada con el empresario Fernando Wphei y con el extitular en Santa Fe de la ex Administración Federal de Ingresos Público (AFIP, hoy ARCA), Carlos Vaudagna, desde 2019 y hasta por lo menos noviembre de 2024, unas serie de actos que implicaron la utilización de las facultades de la exAFIP y del Poder Judicial de la Nación para iniciar, tramitar o direccionar actuaciones, tanto administrativas como judiciales contra los señores Claudio Iglesias y Jorge Oneto, con el objetivo de dañar su reputación, ejercer presión sobre ellos y exigir dinero a cambio de influir en el desarrollo del trámite administrativo y del proceso judicial”. En buen romance, una burda extorsión.

Para este fiscal los tres apuntados «orquestaron una causa penal contra Iglesias y Onetto para dañar su imagen y de esa manera perturbar el ejercicio de cargos directivos en diferentes empresas del grupo San Cristobal. La estrategia consistía en fingir la recepción de una denuncia anónima ante la ex Afip para que fuera judicializada rápidamente en el juzgado federal de Bailaque”.

Para argumentar, Argibay Molina pidió reproducir varios videos de las declaraciones judiciales tanto de las víctimas de la extorsión, como del propio Vaudagna, quien declaró como arrepentido. Otros dos testigos dieron detalles de las reuniones y encuentros que mantuvieron con el empresario Fernando Wphei, sospechado de tener conexiones con el juez, quien exigió 160.000 dólares a cambio de favorecerlos en la causa penal en su contra.

El fiscal de PROCELAC mencionó que uno de los damnificados narró las entregas parciales de dinero que hizo en persona en las oficinas que el empresario mencionado tiene en el microcentro de Rosario. Según la acusación, las tareas que desplegó el juez se remontan a una causa donde Iglesias y Onetto habían sido denunciados por lavado de activos y evasión impositiva a partir de una denuncia anónima falsa que ingresó a la exAFIP el 14 de agosto de 2019.

Finalmente, el fiscal Reynares Solari expuso sobre la imputación a Bailaque por dictar resoluciones contrarias a derecho, lo cual configuró los presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario y prevaricato, para favorecer al empresario Fernando Wphei.

Fue en la causa judicial donde se intervinieron fondos por mil millones de pesos de las Cooperativas de Trabajos Portuarios Limitada de las ciudades de Puerto General San Martin y San Lorenzo, en favor de una financiera cuyo titular es el propio Wphei, amigo personal del juez.