El gobierno de Santa Fe abrió ayer la ronda de paritarias 2026 con los gremios de la administración pública y, lejos de un inicio cordial y sin tensiones, la primera jornada dejó en claro que el clima será áspero como el conflicto que enfrenta con la tropa policial en simultáneo. Los sindicatos llegaron con una premisa común: recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación y evitar que el nuevo año consolide el deterioro salarial acumulado en 2025. En el caso de los docentes, el planteo fue concreto: un aumento no menor al 33 por ciento para compensar lo resignado.

La agenda arrancó con las conducciones de ATE y UPCN, que representan al personal de la administración central. Allí, los sindicatos que comandan Jorge Hoffman y Jorge Molina, respectivamente, pusieron sobre la mesa un desfasaje estimado en torno al tres por ciento correspondiente al último bimestre del año pasado, aunque aclararon que aguardan la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec) para precisar la cifra final.

“Es muy complejo plantear un porcentaje definido ahora, pero vamos a tener todo sobre la mesa para establecer claramente el desfasaje entre inflación y aumentos”, señalaron tras el encuentro. No obstante, marcaron una línea roja: el 80 por ciento de los trabajadores estatales percibe salarios que rondan los 900 mil pesos, un nivel que –advirtieron– los deja en situación crítica frente al aumento sostenido del costo de vida.

Desde el Ejecutivo, el ministro de Gobierno Fabián Bastia calificó la reunión como “positiva” y aseguró que se cumplirá lo acordado el semestre pasado. Recordó que en julio se pactó un adicional para noviembre y diciembre y que en noviembre la Provincia reconoció la diferencia acumulada de los cuatro meses previos. “Ese compromiso lo asumimos y lo cumplimos. Falta ajustar el número final de estos dos meses, pero el que resulte técnicamente correcto será abonado”, afirmó.

Bastia, acompañado por el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, señaló que el Ejecutivo aguardará el dato del Ipec para definir el próximo paso. En ese marco, vinculó las tensiones salariales con “la orientación de la política macroeconómica nacional, que influye sobre todos los actores económicos y sociales”, y sostuvo que la prioridad será atender a los sectores de menores ingresos dentro del escalafón estatal.

Pero si con ATE y UPCN el tono fue de cauta expectativa, el frente docente mostró una temperatura más alta. Tras la reunión paritaria específica, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, habló de “gravedad” salarial y laboral, y cuestionó la actitud del gobierno.

“El gobierno ratificó que no le importa el diálogo con los docentes ni la escuela pública”, disparó Alonso, quien consideró “una tomada de pelo” que la Provincia haya iniciado la reunión preguntando cuál era el planteo sindical. Según el dirigente, el Ejecutivo conoce desde hace meses los reclamos del sector y ha evitado dar respuestas.

Las demandas planteadas desde el vamos aquí son 33 por ciento de aumento salarial para recuperar lo perdido en 2024, cláusula gatillo para no quedar otra vez por detrás de la inflación, traslado automático de los incrementos a jubilados, suspensión del aporte solidario y derogación del presentismo. Sobre este último punto, Amsafé denuncia que se trata de un “premio” que forma parte del salario, se paga en negro y excluye a jubilados y a la obra social, además de forzar a docentes a trabajar enfermos para no perder ingresos.

Alonso sostuvo que los trabajadores de la educación “perdieron un 33 por ciento del salario frente a la inflación por decisiones unilaterales del Gobierno” y que hoy se encuentran “por debajo de la línea de pobreza”. También cuestionó la falta de convocatoria a concursos y traslados, las restricciones en licencias y el funcionamiento de las juntas de escalafonamiento. A ello sumó el reclamo de los jubilados, que perciben los aumentos con 60 días de atraso.

En sintonía, el secretario general de Sadop, Martín Lucero, fue tajante: “Nos llevamos una impresión muy mala de parte del gobierno. Hay cero voluntad de diálogo, cero voluntad de escucha”. El gremialista reiteró el pedido del 33 por ciento, cláusula gatillo y derogación total del presentismo. “Ninguno de estos planteos ha tenido respuesta”, afirmó, y advirtió que si no hay cambios la docencia avanzará con medidas de fuerza.

La Provincia pidió un cuarto intermedio hasta el miércoles 18, cuando se retomarán las negociaciones tanto con estatales como con docentes. El calendario no es un dato menor: el 2 de marzo está previsto el inicio del ciclo lectivo y los gremios ya anticiparon que el comienzo de clases dependerá de la oferta que presente el Gobierno. “Si no cambia la política, si no deja de ajustar y no mejora salarios y jubilaciones, las clases van a comenzar en la calle”, lanzó Alonso.