Por las presiones de los legisladores de la oposición «dialoguista» y la militancia de los trabajadores estatales, el Gobierno aceptó que no se privaticen empresas públicas ni se disuelvan instituciones claves.
Con el objetivo de obtener un voto positivo para la Ley de Bases, el gobierno de Javier MIlei aceptó quitar de las empresas a privatizar tanto al Correo Argentino, los medios públicos de RTA y Aerolíneas Argentinas. Más allá de que esta decisión se vincula a la negociación parlamentaria para conseguir los votos necesarios para aprobar el proyecto, también debería entenderse como un punto a favor para los sectores políticos y sociales que se opusieron a la venta de los principales activos del Estado.
Los trabajadores y trabajadoras estatales vinculados al Correo Argentino, RTA y Aerolíneas Argentinas consiguieron que se quitara de la Ley de Bases la autorización para la venta de dichas empresas. Esto no es un dato menor, teniendo en cuenta la reciente reunión que mantuvo Juan Pablo Brey, uno de los principales dirigentes gremiales del sector aeronáutico con el Papa Francisco. El encuentro fue en el Vaticano. El Sumo Pontífice se fotografió con una bandera de Aerolíneas. Todo un gesto político, de repercusiones hacia el interior del Palacio Legislativo.
A la nómina de las empresas que se quitaron de la Ley de Bases se sumaron el Correo Argentino y los medios públicos de Radio y Televisión Argentina (RTA), cuya exclusión era reclamada por los llamados senadores de la oposición dialoguista, sobre todo el bloque radical, y de algunas fuerzas provinciales, como la que integra la rionegrina Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).