La iniciativa ciudadana copó la mesa de entradas en la Convención de Reforma Constitucional. Al cierre de esta edición, habían ingresado más de 700 proyectos, notas y propuestas por parte de diversas instituciones de la sociedad civil y también particulares que suman al debate de los constituyentes. El plazo venció ayer. Pero el tiempo es escaso y no es seguro que la reforma se nutra de todas esas proposiciones. Algunas exceden los temas que autoriza la Ley de Necesidad de Reforma Constitucional, incluso. Esto es interpretado como una consecuencia de la forma en la que el gobierno actual impulsó la reforma, sin una ronda de consultas previas a la ciudadanía, que ahora acumula proyectos a troche y moche en la puerta de la Asamblea (ver aparte).

En la extensa lista que ofrece el sitio web de la reforma hay temática diversa. Solo por enumerar algunas carpetas, a vuelo de pájaro, la Asamblea Lesbotransfeminista de Rosario –que agrupa a diversos colectivos de ese espacio– presentó media docena de proyectos. Uno plantea incluir en el trazo constitucional la perspectiva de género e inclusión. Y capacitar en esa línea a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en los tres poderes del Estado. Otra iniciativa propone crear ámbitos específicos en el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal para los delitos vinculados aviolencia de género, maltrato y abuso infantil, violencia originada en odio racial, orientación sexual, o identidad de género. También darle rango constitucional al derecho a la salud, que el Estado garantice tal atención gratuita, inclusiva y de calidad. Y el derecho a la salud mental, para que se garantice sobre todo el tratamiento a pacientes en consumos problemáticos de sustancias, ludopatía y adicciones a nuevas tecnologías. Derecho a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Que no haya objeción de conciencia cuando haya riesgo de vida para las personas. Declara el carácter público e intransferible del Laboratorio Industrial Farmacéutico.

Este colectivo, además, propone establecer el principio de paridad de género en la composición e integración del PoderLegislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, y todo ente público.

Otras expresiones demuestran el cambio de época y la prevalencia de asuntos que en los ’60 no contaban. Es el caso de elevar a rango constitucional derechos de medio ambiente, el acceso al agua y la planificación territorial, así como la promoción de la participación ciudadana en audiencias público no vinculantes, como sugiere uno de los proponentes, el ingeniero Yair Tascón.

Hay iniciativas de ciudadanos de a pie que piden por una ley de salud mental, o docentes agrupados que piden «prohibir el adoctrinamiento» en la enseñanza escolar, o considerandos de cuestiones financieras y tributarias, como las que propone el juez federal Aldo Alurralde, autor de uno de los proyectos presentados.

El abanico es vasto, incluso en propuestas que están fuera de lo que la Ley 14.384, de Necesidad de Reforma Constitucional, establece.

Hay proyectos enviados por grupos de productores agropecuarios referenciados en Sociedad Rural. Uno apunta a cuestiones de tipificar la intrusión rural como delito penal; otro apunta a reordenar el avance urbanístico sobre la frontera rural.

Los sindicatos enviaron múltiples propuestas a la Convención. Amsafé, con el reconocimiento de la educación como derecho social y condiciones laborales de sus trabajadores. Y también con la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones y el sistema público de reparto solidario y estatal.

El Sindicato de Trabajadores Judiciales ingresó cartas varias en las que expresa su incertidumbre acerca de la estabilidad laboral en cuanto al debate de autarquía del MPA y SPDP que se dan en esta reforma. Entidades del sector audiovisual proponen que la Constitución garantice la producción de contenidos culturales desde el Estado.

Obras Sanitarias planteó «potestad pública del agua», «competencia exclusiva del Estado provincial sobre el agua y el saneamiento» y la prohibición de la mercantilización y privatización del agua.

Con esta misma finalidad, la Cátedra del Agua (UNR) postuló la idea de darle rango constitucional al acceso al agua y la protección de los cursos de agua y sus cuencas al concebirlos como sujetos de derecho.

Luego, proyectos de reforma integral como del Partido Socialista, del PRO, PDP, GEN, Democrata Cristiano y la UCR.

Un planteo ingresado por el radicalismo en la Convención apunta a ampliar las atribuciones del Poder Ejecutivo provincial. Lo estudió con preocupación el propio Oscar Blando, especialista en Derecho Constitucional Oscar Blando, y ex director de Reforma Política y Constitucional durante la gestión Lifschitz, «Hay un proyecto que propone la delegación de facultades al Ejecutivo y de emitir decretos de necesidad y urgencia, como para declarar emergencias pública, social, administrativa, sanitaria, en seguridad. Eso es una regresión, lejos de darle mayor atribuciones, al Ejecutivo lo que hay que hacer es limitarlo. Ya lo vimos a nivel nacional con la constitucionalización de los DNU», cuestionó.

Destacan varios proyectos de constitucionalistas, como Ricardo Terrile, que presentó 8 iniciativas de reforma parcial de algunos tramos de la Carta Magna, como reformar el artículo 56º e incorporar mecanismos de participación ciudadana en la dinámica legislativa, democracia semi directa e iniciativa popular. Otro proyecto para la regulación de la acción de amparo, entre otros.

El propio Oscar Blando ingresó sendas iniciativas para el debate reformista. Propone aggiornar la Carta Magna y facultar a los municipios para que puedan sancionar su propia Carta Magna. Otro proyecto apunta a la mejora del régimen electoral de Santa Fe, y otro más impone la aplicación de la perspectiva de género como política pública en la provincia.