Organizaciones sociales denunciaron que el gobierno de Javier Milei dará de baja en abril el programa “Volver al Trabajo” y advirtieron que la medida dejará “sin salario a casi 1 millón de trabajadores de la economía popular y de los barrios populares”. El anuncio fue realizado tras un encuentro de espacios territoriales que anticiparon un plan de lucha para el próximo 26 de marzo. En toda la provincia de Santa Fe hay 32.750 personas beneficiarias de este plan.

Según señalaron en un documento conjunto, la decisión —atribuida al Ministerio de Capital Humano— afectará a “950 mil trabajadores que realizan tareas esenciales para la reproducción de la vida en los barrios populares” y que perciben un Salario Social Complementario “congelado desde diciembre de 2023 en $78.000”. En ese marco, remarcaron que ese ingreso sostiene una red de trabajo comunitario en todo el país: “Comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud y educativos”, así como dispositivos de acompañamiento a mujeres en situación de violencia y personas con consumos problemáticos. También incluye actividades como reciclado, producción textil, agricultura familiar y venta ambulante.

Las organizaciones denunciaron que “Milei deja sin salario a casi 1 millón de trabajadores de la economía popular y de los barrios populares” y acusaron al Gobierno de aplicar un ajuste sobre los sectores más vulnerables. “El gobierno de Milei pasa la motosierra contra los trabajadores más pobres y precarizados del país”, afirmaron, y agregaron que la eliminación del programa “empuja a la indigencia” a quienes dependen de ese ingreso.

En ese contexto, Victoria Clérici, del Movimiento de Trabajadores Excluídos, calificó la medida como “una engaña pichanga” y sostuvo que se trata de una continuidad de políticas previas que no lograron integrar laboralmente a los beneficiarios. “En 2023 pasaron de lo que era el Potenciar Trabajo al Volver al Trabajo, pero está claro que nadie volvió a ningún trabajo”, afirmó, y explicó que el esquema se dividió entre ese programa y “Acompañamiento Social”, destinado a mayores de 50 años y mujeres con cuatro o más hijos.

Según detalló, ese segundo grupo —estimado en unas 200 mil personas— mantendría el beneficio sin contraprestación, mientras que “los que están por dar de baja ahora en abril son alrededor de 900 mil”, vinculados a tareas comunitarias. “Son hombres y mujeres que están asociados a algún trabajo en cooperativas, en reciclado, en comedores o en la rama sociocomunitaria”, precisó.

La dirigente cuestionó además la alternativa oficial de reemplazar el programa por capacitaciones laborales. “La excusa es que les van a dar capacitaciones, pero no se sabe dónde, cuándo ni quiénes. No son pagas y no garantizan trabajo”, sostuvo. Y agregó ejemplos concretos: “Hay casos de compañeros que tienen que viajar tres horas para hacer cursos en empresas como McDonald’s o Metrogas, sin cobrar nada. Es una estafa”.

Clérici también advirtió sobre el impacto en el empleo estatal: “Si no hay programa, los trabajadores de la Secretaría de Trabajo que hacían el control y la auditoría se quedan sin laburo. Son alrededor de 1.600 trabajadores”. En ese sentido, confirmó que las organizaciones evalúan presentaciones judiciales y acciones conjuntas con ATE.

En línea con el documento difundido por las organizaciones, la referente remarcó el efecto económico de la medida. “Es un golpe muy duro porque deja a muchos trabajadores sin un sustento, aunque sean $78.000”, indicó, y subrayó que ese ingreso forma parte de esquemas más amplios: “En cooperativas, como las de reciclado en Rosario, ese monto integra el salario que se acuerda con el municipio”.

Además, planteó el impacto en las economías locales. “Solo en Santa Fe hay unos 32.000 trabajadores por $78.000 implican más de $2.500 millones que dejan de circular. Es plata que no va a los comercios, a los almacenes, a pagar una garrafa”, explicó. “Lo que hacen es retraer la economía”, concluyó.

El documento original también advierte sobre la magnitud del recorte a nivel nacional: “Quita de circulación para el consumo interno unos $78 mil millones mensuales”, lo que —según sostienen— afectará a “las economías regionales y comercios de cercanía en los barrios populares”. En ese sentido, vincularon la decisión con un deterioro más amplio del mercado laboral: “Se perdieron alrededor de 300 mil puestos de trabajo” y la desocupación alcanzó al “7,9% en 2025”.

En un tono crítico, los espacios firmantes cuestionaron promesas previas del oficialismo. “Esta iniciativa expone las mentiras del gobierno nacional”, indicaron, al señalar que durante la campaña se había planteado la continuidad de los programas sociales hasta la generación de empleo formal. Además, sostuvieron que el recorte implica un impacto en la estructura estatal: “La eliminación del programa también implica el despido y la afectación de miles de estatales” vinculados a áreas de empleo y desarrollo social.

Las organizaciones interpretaron la medida como un intento de desarticular el entramado comunitario en los barrios. “Es un claro intento de desarticulación de la red comunitaria que creamos”, señalaron, y advirtieron que esos espacios funcionan como “un dique de contención contra el avance del narcotráfico y el delito organizado”.

El pronunciamiento fue acompañado por un amplio arco de organizaciones, entre ellas la UTEP, Territorios en Lucha y el Frente de Lucha Piquetero, junto a movimientos sociales y agrupaciones territoriales de alcance nacional.

Como cierre, confirmaron que el 26 de marzo “referentes nacionales anunciarán el plan de lucha”, en rechazo a la medida y en defensa de los programas de empleo para trabajadores de la economía popular.