El grupo de Autoconvocados por Incumplimientos Bauen-Pilay volvió a manifestarse este miércoles ante la falta de respuestas de las firmas. A la denuncia por demoras en la entrega de los departamentos y la intención de modificar lo establecido en los contratos, los ahorristas ahora sacaron a la luz “el pecado original” de Pilay S.A. Según denunciaron, durante décadas la empresa operó sin contar con la autorización del Estado para hacerlo.

La situación se judicializó en 2003, cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó “el cese inmediato” de la concreción de nuevos contratos en todo el país, algo que recién se cumplió ocho años después, cuando la prohibición quedó firme.

Los clientes ahora denuncian que, pese al “efecto suspensivo” de la medida judicial, durante ese período la empresa intensificó las campañas publicitarias para seguir captando ahorristas. “Tenían la obligación de informar públicamente sobre la imposibilidad de concretar nuevas contrataciones. No solo no lo hicieron, sino que hubo publicidad engañosa en esos años”, apuntó Alicia Bernal, una de las ahorristas damnificadas.

En Rosario el reclamo tuvo lugar este miércoles por la tarde, frente a las oficinas que tiene la empresa en Oroño al 100. Pero por primera vez desde que trascendió el conflicto, la protesta también se hizo en simultáneo con ahorristas damnificados de la ciudad de Santa Fe, que se congregaron en Juan de Garay 2599 para exigir respuestas a las firmas. Los casos se replican en ciudades como Paraná y Córdoba.

En los últimos meses, un grupo de clientes comenzó a autoconvocarse ante las demoras en la fecha de adjudicación de los departamentos y la intención de las firmas por cambiar los términos contractuales, como el ofrecimiento de mudarse a loteos que se desarrollan en las afueras de Rosario, cuando habían comprado un departamento en el centro de la ciudad.

En ese marco, algunos clientes decidieron aceptar los nuevos ofrecimientos de la empresa, mientras que otros optaron judicializar el proceso. Según pudieron relevar, hay alrededor de mil expedientes que tramitan en la Justicia con distintos casos de avance.

Sin embargo, aseguran que hay más: solo en la ciudad de Santa Fe hay unos 11 mil casos confirmados de clientes que advierten un incumplimiento de lo firmado en el contrato. En Rosario no hay un número preciso, pero por una cuestión de dimensión poblacional estiman que la cifra es más grande. Los números finales, remarcan, están en manos de la empresa.

Pecado original

La novedad del reclamo de este miércoles tuvo que ver con la difusión de información que definen como “clave” y que entienden la empresa ocultó durante todos estos años. Por medio de un comunicado, el grupo de autoconvocados habla de un “pecado original” cometido por la firma que deriva en la situación que atraviesan hoy muchos de los clientes.

Según denuncian, el origen del problema es el propio sistema de consorcios Pilay, que comenzó a comercializarse desde 1986, y que durante décadas “captó dinero de los ahorristas cuando no tenía autorización del Estado para hacerlo”

La situación fue denunciada en abril de 2003 por el área de Comercio Interior de la provincia de Santa Fe, que impulsó una intervención de la IGJ, el organismo nacional que fiscaliza entidades dedicadas a operaciones de ahorro y préstamo. Unos meses después, en noviembre del mismo año, el organismo ordenó a las empresas “el cese inmediato en todo el territorio del país de la concertación de nuevos contratos que importen la captación periódica de fondos de terceros para su administración”. La prohibición también comprendía la realización de publicidades relacionadas con la misma operatoria y el deber de informar la imposibilidad de concertar nuevas contrataciones.

El comunicado denuncia que la empresa “recurrió la sanción todo lo que pudo” hasta que en diciembre de 2011, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la decisión de la IGJ y en mayo de 2012, la prohibición finalmente quedó firme, impidiendo a la empresa a vender nuevos planes bajo esa modalidad.

Desde entonces, la firma se inclinó por modelos de negocios como el fideicomiso. Sin embargo, durante los ocho años en que se demoró el trámite judicial los clientes sostienen que se siguieron vendiendo los planes de vivienda bajo el convenio tradicional.

“A pesar de conocer la advertencia de la IGJ, la empresa continuó con la comercialización del sistema tradicional Pilay. Inclusive, durante los ocho años del proceso que tuvo efecto suspensivo, intensificó campañas publicitarias para multiplicar aportantes y crear nuevos grupos de consorcio”, señalaron en el documento.

“La empresa nunca informó a los nuevos clientes que captaba sobre la existencia de la resolución 1.459 de 2003, ni sobre la falta de autorización que cuestionó el organismo nacional. Tampoco lo hizo en 2012, cuando la prohibición quedó firme”.

En el escrito, los damnificados aseguran que nunca hubo comunicaciones públicas del tema, ni advertencias o información clara dirigida a los ahorristas que ya integraban los grupos, o a quienes seguían suscribiendo nuevos contratos.

Por eso, el grupo de autoconvocados se plantea si Pilay hubiera logrado el nivel de expansión que tuvo de haberse conocido que el propio Estado objetó la legitimidad del sistema. “En definitiva, Pilay S.A. profundizó las ventas y afianzó sus negocios mientras nos ocultaba información clave para nuestras decisiones, nuestros ahorros y nuestro futuro”, cuestionaron.

Asimetría

El comunicado finaliza con las mismas consignas que viene impulsando el grupo en los últimos meses: que la empresa cumpla con la entrega de los departamentos comprometidos y que se respeten los radios constructivos, además de los plazos pactados. Aunque el reclamo también se matiza con el trasfondo: “¿Si durante 26 años ocultaron información tan relevante para el futuro de nuestros ahorros, por qué deberíamos confiar en las nuevas promesas?”.

“Lo que hicimos fue empezar a rastrear información y nos encontramos con que Pilay nunca tuvo autorización de la IGJ para funcionar y en 2003 se les ordenó que cesen inmediatamente en todo el territorio del país de concertar nuevos contratos. También se les prohibía cualquier tipo de publicidad”, explicó Alicia Bernal, en diálogo con Rosario/12. “Tenían la obligación de informar públicamente sobre la imposibilidad de concretar nuevas contrataciones. No solo no lo hicieron, sino que hubo publicidad engañosa en esos años”, añadió.

La mujer damnificada reconoció que “tenían una idea” de la situación, pero no habían logrado reunir los elementos para hacer la denuncia pública. “Contábamos con la resolución de la IGJ, pero no habíamos tenido acceso a la investigación de Fiscalía, ni al fallo confirmatorio de esta resolución de la Cámara de Apelaciones. Pero ahora sí”, señaló y aclaró: “Nosotros no somos abogados. Somos simples damnificados que buscamos poner esto en conocimiento. Es una relación asimétrica, porque estamos hablando de una empresa muy poderosa”.

En ese marco, los ahorristas reclamaron la intervención del Estado en el tema, pero también un mayor involucramiento de la Justicia. “Nos da la impresión que de algunos niveles del Estado buscan sacarse el problema de encima argumentando que se trata de una cuestión entre privados. Con todo esto que estamos informando entendemos que ya trasciende lo privado”, señaló Bernal. “También necesitamos que la Justicia se active, porque durante ocho años una empresa comercializó estos planes. Necesitamos que sea más rápida”, cuestionó.