Los abogados que trabajan en la Oficina de Apremios de la Regional Rosario de API denunciaron penalmente al administrador general del organismo, Martín Ávalos, a quien le imputan obligarlos a compartir la mitad de los honorarios que perciben por los apremios judiciales a deudores del Estado provincial y hacérselos depositar en su cuenta bancaria personal. Los delitos por los que se lo denuncia son abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y concusión (equivalente a exacciones ilegales).También participa del procedimiento el fiscal de Estado Rubén Weder, aunque la denuncia no lo alcanza a él, al menos en esta instancia.

Los 10 abogados que integran la Oficina de Apremios de Rosario firmaron la denuncia penal que patrocinan los abogados Carlos Varela y Adrián Martínez. Sostienen que apenas Ávalos llegó al cargo les impuso incluir su firma en cada apremio, para de esa forma compartir la mitad de los honorarios.

“Entendemos que el accionar de Ávalos constituye un claro supuesto de corrupción, concebida como el uso indebido del poder encomendado para obtener beneficios particulares ilícitos (económicos), violando la ley, afectando el interés general y la legitimidad de la autoridad”, dice la denuncia penal.

El escrito ingresado al MPA da cuenta de situaciones –de forma textual– de acoso laboral, amedrentamiento, extorsión y presiones del administrador a los ejecutores para lograr que acaten la imposición. Uno de esos casos que mencionan fue la “expresa amenaza verbal de designar abogados de Santa Fe” si no acataban lo que se les ordenaba. De hecho en los primeros días de septiembre los mismo demandantes presentaron una denuncia en la Defensoría del Pueblo por violencia laboral. Según la denuncia penal, al día siguiente el administrador “en represalia” creó “una cuenta oficinal administrada por nuestros superiores por la cual directamente no podemos manejar más nuestros honorarios”. También se publicó la resolución 37 en la que, después de un año y medio donde las órdenes se daban de forma verbal y bajo amedrentamientos, amenazas o extorsión, según la denuncia, se buscó dar un marco normativo.

Los abogados de apremios (juicio ejecutivo de deudas con el Estado) de API pertenecen a planta permanente, cobran sueldo del organismo y honorarios por los apremios, que las normativas vigentes consideran parte del salario. Los honorarios que perciben tienen un tope del 5% y de 3% en la actual moratoria que lleva abierta más de un año largo.

Después de más de un año de reuniones y tensiones, desde el 6 de mayo pasado los diez ejecutores se niegan a incluir el patrocinio de Ávalos y Weder, lo que les valió, según denuncian, que no les mandan más ejecuciones para iniciar. “No puede supeditarse la emisión de títulos ejecutivos a un patrocinio ilegítimo siendo una conducta extorsiva y arbitraria, y justamente, desde que nos opusimos a ello, no se remitieron más títulos para ejecutar a esta Oficina de Apremios, dejando prescribir deudas en detrimento de fondos que le corresponden a la provincia”, señala el escrito.

En la denuncia se argumenta que los honorarios son parte del salario de los profesionales, que es incompatible la pretensión de patrocinar los juicios por parte del administrador, que al llevar dos firmas duplica el gasto de los contribuyentes en boletas de Iniciación de Juicio (una por cada abogado), que la ilegalidad le puede acarrear serios costos a la provincia y que todo se da “en afán de un beneficio personal”.

Detallan que Ávalos está ejerciendo un “doble rol de juez administrativo y patrocinante (es quien decide qué deuda está firme administrativamente para ser ejecutada y al mismo tiempo se beneficia personalmente por el cobro judicial, perdiendo toda objetividad e imparcialidad) deslegitimando total y absolutamente los créditos reclamados judicialmente por la API”.

El gobierno provincial, y en particular el Ministerio de Economía, hasta ayer no respondió oficialmente a las consultas de los medios de comunicación.