El fallo, que hace lugar al planteo impulsado por Juan Monteverde, pone en discusión no sólo la legalidad del proyecto sino también la forma en que fue concebido y ejecutado.

La pregunta que surge de manera inmediata es por qué el oficialismo decidió avanzar con una iniciativa que desde el comienzo generó fuertes cuestionamientos y resistencia ciudadana. Más aún cuando nunca se brindó información suficiente sobre aspectos centrales de la obra, como los estudios ambientales, hidráulicos y urbanísticos, ni la documentación técnica necesaria para evaluar una intervención que compromete más de 13.700 millones de pesos de fondos públicos.

Lo que está en debate es un modelo de gestión que parece avanzar de espaldas a la ciudadanía y ajeno a las prioridades reales de una ciudad que enfrenta problemas urgentes en materia de transporte, seguridad y servicios básicos.

A ello se suma otro aspecto que resulta difícil de explicar. El proyecto fue modificado en al menos tres oportunidades desde su presentación original. Finalmente, el municipio adjudicó una obra distinta a la que había sido licitada. La paradoja es evidente, se redujo la superficie proyectada, pero el costo aumentó. Los rosarinos terminarían pagando cerca de mil millones de pesos más por una obra más pequeña que la inicialmente prevista.

La situación se vuelve todavía más delicada si se considera que la intervención se proyecta en un sector donde existen cuestionamientos sobre la normativa urbanística aplicable.

Por eso llama la atención el empeño del oficialismo en seguir adelante pese a las advertencias, los reclamos vecinales y los cuestionamientos de distintos sectores.

La resolución judicial no clausura el debate sobre el futuro del predio, pero sí deja una señal clara, los grandes proyectos urbanos requieren planificación, información pública, participación ciudadana y estricto cumplimiento de las normas.