La Cámara Federal porteña revocó hoy el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de activos, conocida popularmente como «la ruta del dinero K»,  en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez y ordenó que siga la investigación en relación a su persona. Fue porque el Tribunal hizo lugar al pedido de una ONG , ligada al macrismo, y ahora el juez federal Sebastián Casanello va a tener que seguir investigándola.

La titular del Senado fue investigada por el juez durante diez años e incluso el fiscal Guillermo Marijuan propició el sobreseimiento al no apelar a la Cámara Federal porteña porque consideró que no había prueba suficiente para someterla a un proceso oral.

Poco después, la Asociación Civil Bases Republicanas, solicitó ser querellante en la causa y fue aceptada por la Cámara, luego de que la vicepresidente fue sobreseida. La ONG apeló eo sobreseimiento y el Tribunal de Apelaciones con los votos de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens y la disidencia de Eduardo Farah lo revocó y dispuso profundizar la investigación que seguirá a cargo de Casanello.

«No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG Bases una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia», sostuvo Farah en minoría.

En el voto mayoritario de Bertuzzi y Llorens se hizo lugar a la apelación de la ONG y se ordenó al juez que «reexamine el fondo de la cuestión teniendo en cuenta los lineamientos expresados» en la resolución de la Cámara «y todos aquellos que presenten las partes legitimadas en el proceso».

En el caso, que comenzó en 2013, fueron condenadas 17 personas entre ellas el empresario Lázaro Báez, a 12 años; su hijo Martín, a seis años y 6 meses; y el arrepentido Leonardo Fariña, a tres años y medio. Éste último es el único de ellos que está preso pero al ser descubierto recientemente en una financiera con supuestas actividad irregular en el barrio porteño de Belgrano.

Más allá de las condenas, la vicepresidenta estuvo sometida a proceso penal durante diez años y aún está intentando dilucidarse si el delito previo al lavado de dinero fue la facturación apócrifa o bien fraude con la obra pública. Por ahora, la Cámara Nacional de Casación Penal dijo que fue la primera de las hipótesis.

En el caso no hubo condenados funcionarios públicos y éste caso se vincula al de la obra pública, por las obras que Cristina Kirchner otorgó a Báez y donde la vicepresidenta sí fue condenada ya a 6 años de prisión. La ex mandataria incluso llegó a ser interrogada por esta causa, tras lo cual sus abogados plantearon el sobreseimiento. Tuvo sus idas y vueltas, porque cuando Casanello imponía la «falta de mérito», intervenía la Cámara y le ordenaba seguir investigando.

Cuando la causa se pensaba había tenido un punto final ante la no apelación de Marijuan, es que la Cámara Federal aceptó como querellante a una ONG y así dio pie al reclamo para que se la siga investigando.

El fallo judicial determina ahora que Cristina Kirchner, quien el 10 de diciembre dejará su cargo como vicepresidenta, sea investigada en esta otra causa por lavado de dinero.