La Legislatura de Santa Fe sancionó ayer la nueva Ley Orgánica de Municipios para adecuar el funcionamiento de los gobiernos locales a la reciente reforma constitucional. El interbloque oficialista Unidos para Cambiar Santa Fe impuso sus modificaciones y su mayoría, para casi en soledad aprobar el proyecto revisado con 30 votos. Los bloques opositores no acompañaron y cuestionaron la falta de debate. Sumaron 17 votos negativos. Así pasó al Senado que en un trámite express le dio sanción definitiva.

El debate en la Cámara baja estuvo marcado por fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición, tanto en el contenido de la ley como en el proceso político que derivó en su aprobación.

Al fundamentar el proyecto, el socialista Joaquín Blanco destacó el carácter histórico de la norma: “Estamos haciendo historia, honrando la tradición municipalista de Santa Fe”. En ese sentido, repasó que la actual legislación vigente se remonta a 1939 y sostuvo que la nueva ley representa un salto de calidad institucional: “Estamos sancionando una gran ley y, aunque parte de la oposición no la vote, sé que la valoran porque es infinitamente superior. Es de las mejores leyes de municipios de Argentina”.

Entre los principales cambios, el legislador remarcó la limitación de los mandatos: “Cuatro más cuatro son los años”, sintetizó, en referencia a la posibilidad de una sola reelección consecutiva. También destacó la incorporación de mecanismos de participación ciudadana: “El espíritu de la ley es que el ciudadano no solo vote cada cuatro años, sino que pueda controlar todos los días la gestión e incluso revocar el mandato de un intendente por mal desempeño”.

La norma introduce además herramientas como la obligatoriedad de una mesa de transición entre gestiones y redefine la organización institucional de municipios y comunas, estableciendo distintas estructuras según la cantidad de habitantes, con concejos municipales o comisiones comunales elegidas por voto directo.

En términos de competencias, la ley reconoce la autonomía municipal bajo principios de subsidiariedad y coordinación, y amplía las funciones en áreas como servicios públicos, planificación territorial, ambiente, desarrollo productivo, salud primaria, educación inicial y seguridad preventiva. También incorpora una fuerte impronta ambiental, con obligaciones en materia de sostenibilidad, eficiencia energética y gestión de residuos.

Sin embargo, desde la oposición cuestionaron duramente tanto el contenido como la falta de acuerdos. El diputado del Frente Amplio por la Soberanía, Fabián Palo Oliver, fue tajante: “Es una muy mala ley, pese al esfuerzo de la oposición por intentar mejorarla”. Y apuntó directamente a uno de los ejes del debate: “Hasta que no haya una nueva ley de coparticipación que mejore los ingresos, discutir autonomía es inviable”.

Además, criticó el proceso legislativo: “Hoy aprobarán esta ley en soledad. No le quita legitimidad, pero no se puede decir que es producto del diálogo y del consenso”. En la misma línea, reprochó que “el Senado le marca una vez más la cancha a la Cámara de Diputados”.

Desde el peronismo, el diputado Marcos Corach también cuestionó con dureza: “Es una cáscara vacía porque depara una autonomía de papel”. Y agregó: “Mientras no se discuta cómo se distribuye la torta de recursos, cualquier ley orgánica de municipios será un simulacro. Autonomía y coparticipación son las dos caras de la misma moneda”.

Corach sostuvo que el oficialismo “cerró la puerta a los aportes de los bloques opositores” y advirtió sobre el riesgo de transferir responsabilidades sin financiamiento: “Es una trampa del oficialismo”, acusó.

Las críticas fueron compartidas por su compañera de bloque Celia Arena, quien remarcó que “sin recursos no hay autonomía” y calificó el debate como “pobrísimo para una ley que organiza el poder territorial en la provincia”. Además, señaló que la norma “expone a los gobiernos locales” al asignarles nuevas funciones sin financiamiento adecuado.

En la misma línea, Lucila De Ponti consideró que se trató de “una oportunidad perdida” y afirmó: “Esta ley no es digna de la Constitución de 2025”. También cuestionó aspectos específicos, como las facultades del Ejecutivo provincial: “Se le otorga un poder discrecional para intervenir localidades”.

Desde otros bloques, las objeciones se centraron en la falta de consenso. Alicia Azanza (Somos Vida) sostuvo: “No me hablen de consenso ni democracia. Nada de lo que aportamos lo tuvieron en cuenta”. Mientras que Natalia Armas Belavi (Vida y Familia) advirtió que la norma “no fortalecerá a nuestros pueblos y ciudades, y los empuja a una asfixia administrativa”.

El debate dejó en evidencia la grieta que persiste en la política santafesina, aunque en Unidos le bajen el precio.