La puesta en marcha del nuevo sistema penal juvenil de Santa Fe ya da sus frutos a sólo cuatros meses de su implementación: los trabajadores del sector denunciaron superpoblación, hacinamiento, vulneración de derechos reconocidos de la población en conflicto con la ley entre 16 y 18 años. “No solo se vuelve inviable el funcionamiento institucional y la garantía de derechos básicos, sino que se consolida un modelo de política punitiva y segregativa hacia las adolescencias, en sintonía con las políticas nacionales de crueldad y pérdida de derechos”, señalaron desde la comisión interna de ATE en el Centro de Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (CERPJ), ex Irar.

Allí están alojados actualmente 49 jóvenes menores de edad. La capacidad es de 44 camas. No pareciera tanta diferencia si no fuera porque “hay ocho sectores de los cuales 6 no tienen agua potable”, explicó a Rosario la delegada de ATE y trabajadora del CERPJ, Patricia Fleitas. “Los sectores son los pabellones en el caso de los mayores. Los trabajadores tenemos que llevar bidones para poder garantizar ese derecho básico”, añadió.

Inhabilitados pero en uso

La delegada explicó que de los ocho sectores-pabellones utilizados “tres sectores están inhabilitados, o sea ahora hay pibes metidos ahí adentro por esta superpoblación, pero son tres sectores que están inhabilitados”, porque no son habitables. “En uno de ellos fue donde se escapó el último joven y que había que hacer reforma en dos de esos sectores porque tiene la misma estructura y lo volvieron a habilitar por falta de espacio donde alojar a los chicos”, completó Fleitas.

Según dijo la trabajadora a este diario, un sector inhabilitado “hace años” por problemas de infraestructura y servicios “está habitado por cuatro jóvenes los cuales están en un resguardo psicofísico permanente, o sea es como ‘buzón’ de mayores”. Para ducharse “dependen del área de acompañantes juveniles, para salir al aire libre depende del área de acompañantes juveniles, para poder limpiar depende de nuestra área. La visita de sus familiares la tienen adentro de esa celda donde ni siquiera tienen agua para lavarse las manos, y si un familiar quiere ir al baño lo tiene que hacer adelante de los jóvenes”.

¿Posibilita esas condiciones la rehabilitación? “No, estamos muy lejos de la reinserción, muy lejos”, dijo Fleitas, para agregar que “hay cinco sectores de los ocho que no tienen heladera. Nosotros tenemos que guardar en una heladera todos los alimentos que necesitan frío, y en esta época es terrible porque no hay hielo, tenemos que ponernos a hacer hielo”.

Además, la delegada contó con en el ex Irar “la ducha de agua caliente en invierno no existe, entonces eso es otro problema para nuestra área y el agua fría en algunos sectores no hay. Ni agua fría ni tienen agua potable”.

A raíz de un habeas corpus otorgado por la Justicia años atrás, los internos deben tener acceso al menos media hora al día al contacto con el aire libre. “Hay pibes que pasan cinco días como mínimo -y siendo muy buena- sin salir al aire libre, encerrados en celdas a las que en las cárceles de mayores se les dice buzón”.

Nuevo sistema, viejos problemas

El 21 de junio pasado se implementó el nuevo código procesal penal juvenil de Santa Fe, luego de algunas prórrogas. El flamante sistema borró los viejos juzgados de menores -en los que un magistrado estaba a cargo de todo el proceso- y creó un modelo similar al de mayores, con fiscales que se encargan de investigar y acusar y jueces de garantías que revisan la legalidad del proceso.

De acuerdo a la comisión interna de ATE, el nuevo sistema incrementó los viejos problemas, porque trae aparejada una política punitivista para los menores de entre 16 y 18 años que cometen delitos. “El CERPJ fue creado para garantizar un tratamiento diferenciado al de los adultos, tal como establecen las normativas nacionales e internacionales en materia de responsabilidad penal juvenil. Sin embargo, lo que hoy se vive en el establecimiento dista profundamente de esos principios”, señalaron los trabajadores a través de un comunicado.

Agregaron que “a las y los acompañantes y trabajadores del área convivencial se nos exige cumplir todas las funciones de asistencia y contención, a pesar de que las condiciones son totalmente precarias. Actualmente, un solo trabajador debe asistir a más de 30 jóvenes, cuando el estándar recomendado sería al menos 10 trabajadores para esa cantidad. Esta desproporción hace imposible cualquier intervención integral y humanizada”. De resocialización, ni hablar.

Pocos y mal pagos

La atención médica de los 49 jóvenes alojados está a cargo de un solo profesional. “Es un médico para toda la población, tiene que estar 24/7 al teléfono o ir en el momento que se lo llame porque no hay personal”, contó Fleitas, para señalar que “aparte de la superpoblación, hace 10 años no ingresa personal en justicia penal juvenil, diez años que tiene la misma planta o menos, porque hay licencias, hubo traslado y hay muchos compañeros fallecidos en un área que es fundamental para la institución como el área de acompañantes juveniles, que se crea justamente para garantizar derechos”.

En esa línea, la delegada subrayó que los empleados perciben “salarios por debajo de la línea de la pobreza” y desempeñan sus tareas “en condiciones de precarización”, por cuanto cumplen sus funciones y las del personal faltante. Es decir que, en vez de concentrarse en las tareas convivenciales para las cuales fueron incorporados, trasladan bidones con agua, alimentos, atienden familiares.

“Nosotros teníamos un lugar que es Casa del Adolescente, en calle Arijón y Salvat, que era un centro de día de los jóvenes con problemas judiciales y sociales”, explicó Fleitas. Allí iban a hacer talleres y volvían a sus hogares. “Eso ahora se transformó en otra cárcel, es un centro de admisión, o sea que al chico lo agarra la policía, va al centro de admisión y después lo derivan. No es más un centro de día, es una nueva cárcel”, puntualizó.

 

Sobre el flamante sistema penal juvenil, dijo que “el nuevo código cambia, lo que no cambió es que tenemos muchos menos trabajadores, muchos menos recursos económicos”. Entonces, afirmó, “las cárceles se abren para seguir alojando jóvenes, apilando jóvenes sin cumplir ningún tipo de derecho, y el Gobierno cambia la ley y sigue con políticas de crueldad y pérdida de derechos hacia los trabajadores y hacia los adolescentes” que transgreden la ley penal.