El magistrado fue designado a través de un traslado. La última acordada de la Corte pone en duda su continuidad.
La Corte Suprema de Justiciaprovocó un sismo en el armado judicial macrista con la rúbrica de la Acordada 4/2018. Además de rechazar la habilitación del TOF 9 y frenar de raíz la conversión de cinco tribunales ordinarios en federales, dejó tambaleante a Carlos Alberto Mahiques, un hombre clave del Gobierno en la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia penal del país. Una semana después de la decisión cortesana, hubo una serie de presentaciones en su contra y se agudizó la interna entre los ocho camaristas que comparten con él esa instancia judicial.
En su acordada del 15 de marzo, los supremos recordaron a la hora de negar la habilitación al TOF 9 que “queda descartada la designación permanente de magistrados que ya ostentan tal calidad para ejercer en un tribunal con una competencia específica, en otro tribunal con otra competencia radicalmente distinta bajo la forma de ‘una transformación’ o de ‘un traslado’. Este no está previsto en parte alguna de la Constitución Nacional”.
Estos argumentos son extrapolables al caso de Mahiques, quien fue trasladado desde la Cámara Nacional de Casación porteña a la Cámara Federal de Casación Penal, el 11 de mayo de 2017, vía un decreto. Su llegada fue escandalosa: el nombramiento incumplió la Constitución y el Reglamento de Traslado de Jueces.
No faltan entre los colegas de Mahiques quienes reclaman su renuncia
Por eso, varios de los integrantes de la Cámara Federal de Casación debaten cómo actuar ante el nuevo escenario que abrió la Corte, que puede provocar una andanada de recusaciones por parte de los imputados a los que les toque en suerte la sala I o la III, integradas por Mahiques. No faltan entre sus colegas quienes reclaman su renuncia o, de mínima, un pedido extenso de licencia –como hizo cuando estando en la Casación porteña decidió acompañar como ministro a María Eugenia Vidal en Buenos Aires-.
Como síntesis del estado de tensión en la Cámara, la semana pasada en un plenario no hubo “quórum” para emitir un respaldo a Liliana Catucci, quien fue duramente cuestionada por la Corte en la acordada porque era la presidenta del cuerpo cuando se legitimó al TOF 9. Es que la camarista permitió que el tribunal en cuestión participara sin habilitación de los sorteos de asignación de causas, acto en el cual le fue adjudicado el juicio contra la ex presidenta Cristina Kirchner por la firma del Memorándum con Irán.
La Corte Suprema invalidó al tribunal que iba a juzgar a Cristina Kirchnerhttps://www.eldestapeweb.com/la-corte-suprema-invalido-al-tribunal-que-iba-juzgar-cristina-kirchner-n40900 …
La Corte Suprema invalidó al tribunal que iba a juzgar a Cristina Kirchner
En la resolución, el máximo tribunal ordenó volver a sortear a los tres jueces que deben juzgar a la ex presidenta. Golpe duro al macrismo.
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Pedido de apartamiento
Apenas se hizo pública la acordada suprema, la abogada Graciana Peñafort se hizo eco de sus argumentos y pidió el apartamiento de Mahiques de la sala III de la Cámara Federal de Casación, en el marco de una causa en la que defiende a Martín Sabbatella y a Andrea Conde, quienes fueron denunciados por el Gobierno por supuestos desmanejos en el otorgamiento de fondos para medios de comunicación durante su gestión en la AFSCA. La solicitud la debía resolver la propia sala.
Para la letrada, el traslado de Mahiques “no se ajusta a los criterios expuestos por la Corte Suprema”. Consideró que se realizó “sin que mediara ni Concurso, ni Terna ni la pertinente y constitucionalmente ordenada intervención del Honorable Senado de la Nación en su nueva designación”.
Pero el 21 de marzo, la sala III rechazó el pedido de Peñafort. Los jueces Catucci y Eduardo Riggi hicieron un esfuerzo por defender a su compañero y declararon inadmisible el planteo. Entre otras cosas, destacaron que el caso de Mahiques no se compara con una habilitación de un TOF. Soslayaron gran parte de la crítica de la Corte y afirmaron que se “cumplió con el estándar constitucional que regía en su momento”.
El argumento cae rápidamente, ya que no hubo un cambio de estándar: el TOF 9 no fue habilitado, justamente, porque al convertir a jueces ordinarios en federales se violaron las normas básicas que hacen a la designación de un magistrado.
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Una excusación condicionada
A pesar de las críticas, el oficialismo busca legitimar a su camarista en el cargo y empantanar el escenario.
El 19 de marzo pasado se publicó en el Boletín Oficial la información sobre el concurso Nº 396 (que impulsa el Consejo de la Magistratura, donde el hijo de Carlos, Juan Bautista Mahiques, representa al Poder Ejecutivo) para cubrir la vocalía de la sala III de la Casación porteña, que es el cargo que el camarista cuestionado dejó vacante. Como si eso fuera poco, aparece como jurado para evaluar a los concursantes.
La asociación civil AJUS La Plata, Berisso y Ensenada solicitó una medida cautelar contra el Consejo para que suspenda el concurso. “Buscan consolidar su situación actual”, destacó el abogado Mariano Lovelli. “Nuestro argumento es que en virtud de los términos de la acordada 4 de la Corte, Mahiques está irregularmente trasladado a la Casación Federal por lo que debe volver a su lugar de origen, que es la Casación Nacional”, explicó el letrado.
El 22 de marzo, la jueza Rita Ailan, titular de Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº4, se excusó de tomar el caso. ¿La razón? Tiene dos denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, que en este caso es el demandado.
El disciplinamiento que el oficialismo busca con sus acusaciones en el órgano de selección y sanción de jueces surtió efecto. El caso deberá sortearse nuevamente.
¿Definirá la Corte? A su vez, AJUS y CEPIS impulsan desde el año pasado otros dos planteos de inconstitucionalidad para apartar a Mahiques. Ambos expedientes –donde se pide la nulidad del traslado- se encuentran en la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, donde no corrieron mejor suerte. Ante este escenario, las asociaciones presentaron sendos recursos extraordinarios para llegar al máximo tribunal del país.
