Hace cuatro meses, el Gobierno pidió que la Justicia se encargara de impedir el funcionamiento de la plataforma. El juez recordó que hace 4 años dictó cautelares que el Ejecutivo porteño nunca cumplió. «Esa pasividad, asombrosa, llamativa e inquietante debo subrayarla», escribió el magistrado.
La Justicia porteña multó al Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y al secretario de Transportes, Juan José Méndez, con el pago de 5 mil pesos diarios hasta que el Ejecutivo cumpla con las medidas cautelares que ordenan «hacer cesar la actividad de la empresa Uber» en la Ciudad. La medida también recayó sobre el Gobierno porteño, al que el fallo ordenó «aplicar en forma diaria desde el día 5 de septiembre (…) astreintes en cabeza del GCBA por valor de pesos cien mil ($100.000)».
El pasado 7 de noviembre, la Sala II de la Cámara de Apelaciones del fuero había pedido que «el magistrado de grado realice las diligencias necesarias para permitir la continuidad del proceso como corolario de la inacción de las partes involucradas, y habilitadas al efecto», con el objetivo de monitorear la medida cautelar dictada en 2016. Lo que hizo Trionfetti, ante este pedido, fue librar un oficio para que la Agencia Gubernamental de Control informe en el plazo de 20 días si la empresa hizo «algún pedido de habilitación para el servicio de transporte público de pasajeros y, en caso afirmativo, informe desde qué fecha y remita los antecedentes administrativos o copia certificada de los mismos».
En su fallo de este martes, el juez dispuso, además, un plazo de 20 días para que el Jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, informe de manera detallada “cuáles han sido las medidas concretas adoptadas por la Administración destinadas a hacer efectiva la medida cautelar» de 2016 que pidió el cese de la actividad de la empresa. También lo intimó a precisar «cuáles fueron las directivas, planes, protocolos, actuaciones, proyectos y toda otra actividad de gestión en el ejercicio del poder de policía, en coordinación con las distintas áreas del gobierno central y las comunas para garantizar el cumplimiento de la manda judicial”.