La víctima es una menor de edad que estaba sometida por una pareja y su hijo, miembros de la colectividad Romani, quien vivía privada de su libertad y había sido obligada a contraer una unión forzada de hecho. Las tareas investigativas de la Fuerza permitieron reconstruir una línea temporal precisa de los hechos, constatando la violencia extrema que la joven sufrió y hubo condenas
Gracias a una denuncia anónima pudieron rescatar a la víctima
Tras una investigación exhaustiva y compleja, por disposición de la Unidad Fiscal Federal de la provincia de San Juan, el personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales esclareció un grave caso de trata, consumada y agravada por tratarse de una menor de edad a quien obligaron a contraer matrimonio y ser madre, entre tantos otros factores de violencia de género.
Todo comenzó en abril del año pasado con una denuncia anónima al sistema de emergencias 911, donde una denunciante alertó sobre el posible secuestro de una joven, en el departamento de Caucete, provincia de San Juan. Inmediatamente, se activaron protocolos logrando interceptar el vehículo señalado, en el cual se trasladaba la menor de edad con su hijo recién nacido y acompañada por varias personas.
De las primeras averiguaciones, las autoridades pudieron saber que la joven había sido obligada a contraer matrimonio con el hijo de esa familia y, posteriormente, a asumir la maternidad. También advirtieron que vivió todo tipos de violencias, desde haber sido trasladada de manera constante por las provincias de Neuquén, Córdoba y Santa Fe, hasta sometimientos, agresiones físicas, explotación laboral, restricción al sistema de salud, privación alimentaria y violencia psicológica.
Siguiendo con las pesquisas, uno de los ejes del trabajo investigativo fue el entrecruzamiento de información, que permitió reconstruir una línea temporal, precisa, con los hechos y establecer el rol de cada uno de los involucrados en todas las etapas del sometimiento logrando consolidar y dar sustento a la hipótesis de explotación. Además, fue fundamental el trabajo conjunto con las Unidades de Investigación de Gendarmería de Neuquén, Córdoba y Santa Fe.
El Ministerio Público Fiscal articuló acciones con Procuraduría de trata y Explotación de Personas y otros organismos institucionales, aportando a la mirada integral de la investigación. Esta solidez probatoria permitió sostener la acusación y la condena de 10 años sobre los imputados del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan.
El Tribunal Oral Federal de San Juan, integrado de forma unipersonal por el juez con funciones de juicio y ejecución, Daniel Doffo, dispuso una reparación de 75 millones de pesos, como había solicitado el MPF. Además, el magistrado federal ordenó una serie de medidas de reparación no económicas entre las que estuvo la decisión de comunicar en un lenguaje claro y accesible la sentencia tanto a la comunidad gitana de la provincia de San Juan (donde la mujer condenada cumple prisión domiciliaria) como a la de Santa Fe, donde la chica estuvo sometida y donde reside el grupo familiar de los condenados. Además, se dispuso que se comunique también a la familia de la víctima, quienes actualmente viven en Salta con la joven.
El calvario relatado por la víctima
De acuerdo con lo planteado por el Ministerio Público Fiscal, Isabel y Alberto Cristo —integrantes de la comunidad gitana— sometieron a una unión forzada de hecho o matrimonio infantil a la víctima con su hijo Franco, que en ese momento tenía 20 años y ella 13. La situación se dio entre marzo y abril de 2022 en Neuquén. Para la concreción de ese matrimonio entregaron 825 mil pesos a los padres de la adolescente.
Por otro lado, la fiscalía le atribuyó al jóven haber llevado adelante actos sexuales con V.S.Y, que hasta ese momento no había tenido relaciones, por lo menos tres veces en el marco del rito de matrimonio desarrollado bajo las tradiciones gitanas. Una de esas situaciones derivó en un embarazo que llegó a término. Tras la celebración forzada de la unión de hecho, los tres acusados trasladaron a la adolescente a la provincia de Santa Fe, al domicilio de su grupo familiar. En ese lugar se concretó, hasta diciembre de 2024, la explotación investigada basada en reducción a servidumbre sexual, doméstica y laboral.
De acuerdo con lo que pudo reconstruir el MPF, en particular por el testimonio de la víctima, durante ese período el matrimonio golpeó, quemó con cigarrillos y agua caliente, insultó y amenazó a la joven. Además, la obligaron a realizar venta ambulante en condiciones extremas y a encargarse de las tareas domésticas de toda la familia conviviente. El dinero obtenido por esa actividad debía ser entregado en su totalidad a los imputados, bajo amenaza de dejarla sin comida y sin posibilidad de administrar recursos propios. Estas exigencias se le impusieron aún con mal clima, enfermedad e incluso durante sus embarazos.
En diciembre de 2024, la víctima se trasladó a la provincia de San Juan, junto a al joven con la quien la casaron y el hijo que tienen en común. Una vez allí, comenzaron a residir con la familia de origen de la V.S.Y, mientras que los padres de él arribaron al lugar el 5 de abril del 2025. Al día siguiente fueron al domicilio familiar y, aprovechando una distracción de los padres de la joven, la obligaron por la fuerza a subir a una camioneta con la intención de llevarla nuevamente a Santa Fe para someterla nuevamente.
Durante una detención en la localidad de Caucete, cerca de dos estaciones de servicio, la joven intentó escapar con su hijo en brazos y fue perseguida a pie por Isabel Cristo mientras el resto la seguía en la camioneta. Finalmente fue alcanzada por la mujer, que la forzó a subir nuevamente al vehículo, que se retiró a gran velocidad e infringiendo normas de tránsito. La escena llamó la atención de quienes estaban en el lugar y una persona llamó al 911.
En Argentina, la denuncia por trata de personas se realiza principalmente a través de la Línea 145, que es gratuita, anónima y funciona las 24 horas, los 365 días del año. Es un canal nacional para solicitar asistencia y reportar casos de trata o explotación de personas.