El último informe de Mercado de Trabajo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), correspondiente al primer trimestre de 2026, ubicó al aglomerado urbano Villa Constitución-San Nicolás a la cabeza de la tasa de desocupación en el país con el 10,4%. El registro supera la media nacional, situada en el 7,8%, y consolida una tendencia de destrucción de empleo en la región sur de la provincia de Santa Fe y el norte de Buenos Aires. Alejandrina Borgatta, diputada nacional por la provincia de Santa Fe, nacida y residente en Villa Constitución, que proviene de una familia de trabajadores metalúrgicos, analiza ante Rosario/12 los factores económicos que determinan este presente laboral en una entrevista donde detalla el impacto de la apertura de importaciones, la parálisis de la planta siderúrgica Acindar y las consecuencias de las normativas de incentivo a las grandes inversiones votadas en el Congreso de la Nación.

—El Indec publicó una tasa d desocupación del 10,4% para el aglomerado Villa Constitución-San Nicolás. ¿Cuál es la primera evaluación que hacés de estos datos oficiales?

—Nosotros lo veníamos viendo en la calle cuando recorremos la ciudad, cuando charlamos con los distintos sectores y cuando hablábamos con los gremios. La situación que veníamos viviendo a partir de 2024 se fue profundizando en este último año. Cuando vimos que estábamos arriba de la media nacional, que está en 7,8%, y nosotros en el conglomerado estamos en 10,4%, nos pusimos a analizar la serie histórica. En el mismo período del 2015 la desocupación en la región estaba en el 6%. A partir del gobierno de Mauricio Macri fue aumentando, se mantuvo estable por momentos en el gobierno de Alberto Fernández y vuelve a crecer nuevamente hasta llegar a los dos dígitos con el gobierno de Javier Milei.

—¿En diciembre de 2023 cómo estaba ese indicador antes del cambio de gestión nacional?

—En ese período estacional, al término de la gestión anterior, el indicador estaba en 7,5%. Hoy estamos en 10,4%. Esto significa que se perdieron 9.000 puestos de trabajo en lo que es el conglomerado de Villa Constitución-San Nicolás. El motor productivo regional está en la siderurgia y en la metalmecánica, y ese es uno de los sectores más afectados por la política económica que promueve el gobierno actual.

—¿Tuviste contacto con referentes sindicales?

— Sí, estamos en contacto, hace tres semanas atrás nos enteramos de que Acindar volvió a apagar los hornos en Villa Constitución. Al no haber venta no hay producción, y cuando no hay producción empiezan las suspensiones y también empiezan los procesos de despidos. Esto se viene dando en estos últimos tres años y por eso impacta después en los 9.000 puestos de trabajo que se perdieron en este conglomerado. Existe una política económica de apertura de las importaciones y un modelo orientado a lo extractivo. Acindar depende de la obra pública, pero también de otros sectores como la industria automotriz y la construcción, que son de los sectores con mayor caída de actividad a nivel nacional. Al no haber venta a ninguno de los principales compradores que tiene esta empresa, podemos deducir que ese resultado se refleja en los números que brinda este trimestre el Indec.

—¿Cuáles son los componentes principales que explican la caída de la actividad metalúrgica local frente a la competencia externa?

—Hay dos componentes. Uno tiene que ver con la apertura de las importaciones; en este sector está afectando directamente el ingreso del acero chino, sumado a la caída de los compradores del sector automotriz, construcción y la obra pública, y la baja del consumo general. El otro componente es que este modelo económico está orientado a los sectores extractivistas mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), donde se otorgan beneficios impositivos de importación, exportación y reducción del impuesto a las ganancias. Estas empresas explotan los recursos naturales y se los llevan sin generar un proceso de valor agregado.

—¿Cómo afecta esta estructura impositiva diferenciada a las empresas de la provincia?

—En las comisiones de Industria y de Pymes del Congreso nos transmiten ejemplos concretos. En la reforma de la ley de glaciares, vinculada a proyectos mineros como el Vicuña, se requería la construcción de infraestructura y pequeñas ciudades. Para esas obras se realizaron licitaciones y en esas licitaciones compitieron empresas argentinas, entre ellas una de la provincia de Santa Fe, y perdieron contra empresas chinas. Las corporaciones chinas, que son de capitales privados con participación estatal, tienen subsidios de su Estado de origen y, a través del RIGI, entran en un sistema de exenciones por parte del estado argentino. Una empresa argentina paga el 35% de ganancias. Mientras que las que ingresaron a través del RIGI pagan el 25%, y con las modificaciones del super RIGI pasan a pagar el 15%, sin aranceles a las exportaciones y a las importaciones, mientras el resto de la industria nacional y las pymes sí los pagan. Las empresas nacionales no tienen miedo a la competencia, pero plantean que todos tienen que salir del mismo punto de largada. Y con este modelo están jugando con la cancha inclinada en su contra.

—¿Qué modificaciones introduce este régimen normativo respecto a las obligaciones laborales y previsionales?

—Los aportes que las empresas beneficiarias del régimen deben hacer por los trabajadores son del 10% de la carga, mientras que el resto de la industria nacional y las pymes tienen que pagar el 100% de los aportes como corresponde. Esos trabajadores, el día que se jubilen, lo van a hacer con la caja en la cual aportaron todos los trabajadores argentinos que aportaron el 100%. Si a esto le sumamos que en la provincia de Santa Fe ya cerraron más de 3.000 establecimientos productivos y se perdieron más de 20.000 puestos de trabajo totales, podemos inferir que estamos en un círculo vicioso. Entiéndase que con estos datos cada vez estamos más lejos de poder mejorar el sistema previsional en nuestro país.

—Ante este panorama laboral en el sur santafesino, ¿qué ves de la reacción de la dirigencia provincial y de la resolución política de esta circunstancia?

—Los intendentes a veces tienen pocas herramientas para contrarrestar esta situación porque responde a un modelo económico nacional, pero los gobernadores tienen mayor incidencia. Tienen diputados y senadores en el Congreso de la Nación. Nos llama la atención que cuando se discuten temas como la Ley Bases o las ampliaciones del RIGI, que afectan a la industria nacional y a las pymes, legisladores que responden a los gobernadores avalan con su voto este modelo económico, sentándose a dar quórum y levantando la mano. No veo al gobernador de Santa Fe con medidas que puedan contrarrestar la situación del empleo, siendo que somos la tercera provincia que más puestos de trabajo ha perdido y donde más actividades productivas cerraron.

—En el plano legislativo se intentaron activar mecanismos de control hacia el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Hay posibilidad de coordinar acciones entre los legisladores de la provincia, más allá de los colores políticos?

—El gobernador expresó públicamente que si tuviera un funcionario de las características del vocero presidencial ya le hubiera pedido la renuncia. Sin embargo, cuando desde distintos espacios de la oposición solicitamos una sesión con el objetivo de interpelar al jefe de Gabinete y tratar cinco proyectos presentados, los diputados que dependen del gobernador de Santa Fe no se sentaron a dar quórum. Esto implica que en los medios de comunicación se expresa una cosa, pero cuando están las herramientas para ponerle un freno al gobierno o investigar casos como las denuncias en el área de capital humano y el Caso Libra, no lo hacen. Con esas acciones se terminan avalando las decisiones del gabinete nacional y un modelo económico que afecta a los trabajadores y a los titulares de las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia.