La Justicia federal imputó este viernes en Rosario a ocho hombres acusados de integrar una organización dedicada al ingreso de cocaína desde Bolivia mediante vuelos clandestinos que aterrizaban en pistas rurales del norte santafesino. El caso se disparó el martes 5, cuando efectivos de la Policía Federal irrumpieron en la estancia Don Julio, en el paraje La Sarnosa, departamento Vera, y sorprendieron a la banda descargando de una avioneta Cessna 210 442 kilos de cocaína distribuidos en 340 ladrillos compactos. Dicha carga está valuada en no menos de USD 2,5 millones en Argentina, y hasta USD 15 millones puesta en Europa.

La audiencia se realizó ante el juez federal de Garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, con la imputación formal impulsada por el fiscal federal Matías Scilabra, a cargo de Procunar NEA, y la intervención del titular nacional de Procunar, Diego Iglesias.

Los acusados son los pilotos bolivianos Henry Vargas, de 30 años, e Isaac Sandoval, de 27, además de Mario Espinosa, Jorge Díaz, Francis Ramírez, Yamil Yoris, Mario Senn y su hijo Jorge Senn. Según la acusación, todos participaron de manera organizada en la maniobra de contrabando e importación de estupefacientes agravada por el uso de medios aéreos ilegales y pistas clandestinas, además del delito de asociación ilícita para el narcotráfico.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, la aeronave ingresó desde Bolivia con matrícula argentina adulterada –la verdadera era boliviana– y aterrizó por la mañana en una pista clandestina ubicada en la estancia Don Julio, en La Sarnosa. Allí la aguardaban vehículos preparados para retirar la droga: una Toyota Hilux, una Ford Ranger, un camión Ford Cargo y un Iveco. La cocaína iba a ser acopiada y distribuida posteriormente.

La investigación sostiene que Vargas piloteaba la aeronave y Sandoval actuaba como copiloto, mientras que Yoris, Espinosa, Jorge Senn y Ramírez estaban encargados de la logística terrestre y el traslado de la carga. Ramírez, según se expuso en audiencia, iba a conducir uno de los camiones. Díaz y Espinosa habrían sido quienes acondicionaron la pista clandestina y coordinaron las tareas previas al aterrizaje.

El operativo logró frustrarse gracias a una vigilancia encubierta que la Policía Federal mantenía sobre el campo desde hacía dos semanas, luego de obtener órdenes judiciales de allanamiento y detención firmadas por el juez Carlos Vera Barros. Al irrumpir en el lugar, los agentes secuestraron la cocaína, teléfonos celulares y 28 bidones de combustible destinados a recargar la avioneta para su regreso. Mario y Jorge Senn intentaron escapar durante el procedimiento, aunque fueron detenidos.

La causa, sin embargo, comenzó mucho antes. Según detalló la fiscalía, la investigación se inició en septiembre de 2025 a partir de información aportada por la DEA a la Policía Federal argentina sobre una organización que utilizaba vuelos clandestinos para introducir droga desde Bolivia. En ese marco apareció el nombre de José Rojas Velazco, alias “Pepo”, un piloto boliviano señalado como uno de los principales organizadores de vuelos narcos en la región y vinculado al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Marset fue detenido en marzo pasado, y extraditado a Estados Unidos. Está investigado como el presunto ideólogo del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en 2022.

Rojas Velazco fue asesinado el 25 de abril pasado por un sicario colombiano mientras participaba de una competencia de rally en Bolivia. Para los investigadores, era “el número uno” en la coordinación logística de aeronaves utilizadas para transportar cocaína hacia países vecinos. La fiscalía remarcó en audiencia que los hechos investigados guardan relación con esa estructura criminal transnacional.

La pesquisa avanzó sobre una serie de teléfonos vinculados con Rojas Velazco. Uno de ellos pertenecía a Mario Espinosa, quien formalmente desarrollaba actividad agropecuaria y mantenía vínculos con un aeródromo, aunque registraba viajes frecuentes a la zona portuaria de Zárate. En febrero de este año comenzaron las intervenciones telefónicas que permitieron reconstruir la preparación del operativo narco.

Las escuchas revelaron conversaciones entre Espinosa y Jorge Díaz sobre las dimensiones de la pista, el estado del terreno y la necesidad de contar con unos 400 litros de combustible para abastecer la aeronave tras el aterrizaje. El 17 de abril analizaban incluso si el suelo estaba demasiado húmedo para permitir el ingreso del camión Ford Cargo sin quedar empantanado.

Entre el 2 y el 5 de mayo las comunicaciones se intensificaron. “Pasá a mirar” y “los muchachos van a ir” fueron algunas de las frases detectadas por los investigadores mientras el Grupo Especial de Operaciones Federales vigilaba la estancia Don Julio. Finalmente, el martes por la mañana, el GPS colocado en uno de los vehículos de Espinosa y las cámaras de seguimiento permitieron identificar el movimiento definitivo hacia el campo.

El fiscal Diego Iglesias sostuvo que los 442 kilos de cocaína secuestrados tienen un valor de mercado de al menos 2,5 millones de dólares en la región y podrían alcanzar los 15 millones si fueran colocados en otros continentes.

Al cierre de la audiencia, el juez dispuso prisión preventiva por 180 días para Espinosa, Vargas, Sandoval, Ramírez y Díaz. Yoris y Jorge Senn quedaron detenidos por 60 días, mientras que Mario Senn cumplirá prisión preventiva domiciliaria por el mismo plazo debido a razones de salud.

La fiscalía argumentó riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de la posibilidad de destrucción de pruebas en una causa que todavía busca identificar a otros integrantes de la red narco.