La Cámara de Diputados de Santa Fe volvió a postergar este jueves el tratamiento del proyecto que tiene media sanción del Senado y procura prohibir la actividad de cuidacoches, a quienes el autor del a iniciativa, el senador oficialista Ciro Seisas, llama despectivamente “trapitos”. Bastó una intervención racional y medida de la Iglesia Católica, a través del arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, para que los legisladores de Unidos resolvieran procrastinar el debate de la iniciativa. El religioso recibió el miércoles en Rosario a personas que realizan esa tarea en la vía pública y luego emitió un documento en el que afirma el “compromiso en el acompañamiento a estos trabajadores informales”, y recuerda que “cada persona posee una dignidad inalienable y que, a los ojos de Dios, todo trabajo constituye un derecho y una expresión de esa dignidad”.

Tras la racional intervención eclesiástica, el bloque de Unidos en la Cámara baja decidió este jueves postergar el tratamiento de la polémica norma que ya cuenta con media sanción del Senado. Vale recordar que en ambas cámaras el oficialismo posee mayoría propia para aprobar las leyes.

Además, los legisladores de Unidos resolvieron convocar para la próxima semana a representantes de los credos de la provincia a los fines de escuchar su posición, luego de que monseñor Martín hiciera oír la suya, un día antes de que el oficialismo planteara aprobar el tema sobre tablas.

“Hay algunas diferencias en el interior del bloque y queremos escuchar todas las voces”, dijo a Rosario/12 una fuente parlamentaria. Y aclaró que la postergación no es sinónimo de “cajoneo” del proyecto.

La iniciativa impulsada por Seisas sufrió modificaciones en la Cámara alta. El proyecto original establecía la prohibición lisa y llana de la actividad, que combinaba con una serie de buenas intenciones para incluir en el mercado laboral a personas que, en muchos casos, subsisten en situación de marginalidad social. Finalmente, el Senado dejó en manos de los gobiernos locales la decisión de la aplicación del carácter prohibitivo de la norma, y el mismo intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó que la Legislatura quiera resolver “un problema complejo” como la exclusión social por vía de una norma.

“Una Rosario más justa”

El miércoles el arzobispo Eduardo Martín y el referente de Cáritas, Fabián Monte, junto a miembros de la comisión diocesana de Pastoral Social, recibieron a un grupo de cuidacoches para hacer lo que la política no hizo: oírlos, consultarlos. Luego emitió un comunicado en el que el arzobispado llamó a “toda la sociedad a reconocer, desde la fe, a estos hermanos y hermanas, y a construir una Rosario más justa, donde todos podamos vivir con equidad y solidaridad”.

El texto del arzobispado local reafirma “el compromiso de la Iglesia en el acompañamiento a estos trabajadores informales, renovando su vocación de trabajar por la solución de los problemas que atraviesan los más vulnerables y excluidos”.

Y explica que “hay muchísima gente que simplemente intenta ganarse el pan ofreciendo un pequeño servicio, porque todos tenemos algo para aportar en esta sociedad, aun el más pequeño”. Además, destaca: “Debemos crecer en humanidad, aprender a respetarnos unos a otros y reconocer la dignidad de cada persona humana”. “No podemos expulsar ni descartar; debemos tratar de integrar”, sostuvo Martín, parafraseando al papa Francisco.

Por su parte, el padre Monte se vio obligado a aclarar que “a nadie le gusta vivir en la calle, pero creemos que la peor solución es volver invisibles a quienes más sufren”. Además, el referente de Cáritas dejó en claro la postura de la Iglesia, que es medida y busca ser abarcativa.

“También es importante diferenciar claramente el delito de la necesidad. No avalamos la extorsión ni la violencia, y eso debe quedar fuera de toda duda”, remarcó el párroco, para explicar que “cuando la prohibición es general, terminan pagando justos por pecadores”.

Monte sostuvo que “aquí hay personas que buscan apenas un ingreso para sobrevivir, y no podemos quitarles ese medio de subsistencia ni permanecer indiferentes. Por eso proponemos regular, capacitar y acompañar”.

Monseñor Martín, en tanto, sostuvo que “estos hermanos nuestros atraviesan situaciones de gran necesidad y muchos de ellos ofrecen sus servicios cuidando coches, ayudando a estacionar o lavando autos”. Y agregó: “Entendemos que brindan un pequeño servicio que ayuda a los demás. Por eso creemos que este tipo de actividades no deben eliminarse, sino ordenarse y regularse”.

El documento

Aunque no tuvo repercusión pública, la Comisión de Pastoral Social del Arzobispado rosarino emitió en abril pasado un documento titulado “Algunos aportes sobre el tema de cuidacoches”, que resume la posición de la Iglesia católica.

Allí establece una distinción entre aquél que “ofrece libremente un servicio de cuidado, lavado o limpieza de vehículos a cambio de una retribución económica” y considera que “dicha conducta no puede ser penalizada”. Distinta “es la situación cuando la prestación del servicio se realiza mediante amenazas a personas o bienes, o el aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad” ya que “en estos casos, la conducta debe ser considerada contravención y sancionada, con las penas que determine el legislador y los correspondientes agravantes cuando exista organización entre varias personas”.

Sobre el contexto social del crecimiento del fenómeno, la comisión de Pastoral Social señala que “donde hay mayor informalidad laboral, aumenta la presencia de cuidacoches”, mientras que “donde existe mayor empleo formal, la actividad tiende a desaparecer”.

El documento también reseña que la experiencia demuestra que “sin control constante, ninguna normativa resulta efectiva”, así como “la prohibición por sí sola no elimina la actividad, sino que la desplaza hacia zonas con menor control”. Por lo tanto, “el problema persiste en condiciones de mayor informalidad” y “una prohibición general sin capacidad real de fiscalización tiende a ser ineficaz”.

Por esos motivos, propone la regulación de la actividad y sugiere, entre otras medidas, un “registro de cuidacoches; asignación de zonas de trabajo; establecimiento de criterios de funcionamiento; y mecanismos de identificación”, para poder diferenciarlos de quienes lo realizan de forma organizada y cometen delitos.