La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este martes la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario para el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque, imputado en tres causas por presunta extorsión, favorecimiento al narcotráfico y manejo irregular de fondos. Aunque la medida quedó firme, no se hará efectiva por ahora debido a que el magistrado conserva sus fueros.

El fallo del tribunal, integrado por los jueces Diego Barroetaveña, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques, rechazó el recurso interpuesto por la defensa del magistrado, en línea con lo planteado por el fiscal Raúl Pleé, quien consideró inadmisible el pedido por la existencia de decisiones previas en el mismo sentido. La audiencia se desarrolló en los tribunales de Comodoro Py.

Bailaque, titular del Juzgado Federal N.º 4 de Rosario, enfrenta acusaciones por utilizar su cargo para extorsionar empresarios, proteger a líderes narcos como Esteban Lindor Alvarado y facilitar transferencias millonarias de una cooperativa portuaria a una mutual vinculada al empresario Fernando Whpei, su amigo personal, también imputado y detenido.

Las causas que enfrenta

• Extorsión a empresarios: Se lo acusa de haber armado una causa falsa contra dos empresarios rosarinos para exigir sobornos. Uno de los denunciantes declaró que el pedido de dinero fue negociado en la casa del propio juez.

• Protección a un capo narco: Se investiga su presunto rol en el encubrimiento de Alvarado, con demoras procesales y vínculos personales, incluyendo el empleo del hijo del narco en su juzgado.

• Manejo irregular de fondos: Habría facilitado transferencias de fondos bloqueados a entidades asociadas al empresario Whpei, en perjuicio de una cooperativa portuaria.

La prisión preventiva fue dispuesta a fines de abril por el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, con posterior aval de la Cámara Federal de Rosario. Incluye el arresto domiciliario por 90 días, prohibición de salida del país y un embargo sobre sus bienes.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura lo citó a realizar su descargo el 17 de junio en el marco del proceso por presunto mal desempeño. Recién tras una eventual destitución se le podrían quitar los fueros que hoy impiden que se concrete su detención.