El Ministerio de Trabajo de la Nación limitó por decreto las facultades provinciales en el marco de los pedidos de Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) previstos en la ley nacional de Empleo, que impliquen directa o indirectamente quitas, reducciones o alteraciones de las cargas y que puedan afectar recursos del Estado nacional. La resolución publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial con la firma del ministro Claudio Moroni, establece en su artículo segundo que las solicitudes de los procedimientos de crisis «sólo podrán sustanciarse con la intervención previa, directa y posterior homologación» de la cartera laboral nacional, que justificó la delimitación de facultades provinciales por la necesidad de “unificar criterios para la aprobación de los acuerdos a los que las partes arriben, en el marco de los mencionados procedimientos”. Para el ministro de Trabajo provincial, Roberto Sukerman, el objeto de la resolución es «absolutamente claro y contundente, no es que las provincias no pueden homologar acuerdos preventivos de crisis, si no que les está diciendo que la dejen intervenir por disponer de sus recursos». Según el funcionario provincial, actualmente hay 210 empresas con procedimientos de crisis en Santa Fe, la mitad corresponden a Rosario.

Al ritmo de la devaluación, la apertura de las importaciones, los tarifazos y la caída del poder adquisitivo, producto de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri, en Rosario fueron aumentando los acuerdos entre las empresas y los gremios, homologados por el Ministerio de Trabajo provincial, para evitar despidos. Para muchas ramas de la industria, especialmente la metalúrgica con fuerte presencia en la ciudad y la región (línea blanca, carroceras, autopartes y fundición, entre otras), la herramienta, que fue sumando casos en los últimos años, permitió conseguir con mucho esfuerzo y centenares de audiencias entre las partes, el objetivo de sostener las fuentes laborales.

En enero del año pasado, un informe del Observatorio Laboral de la UOM Rosario precisaba que más de 5.000 trabajadores metalúrgicos estaban afectados por los PPC, mientras aumentaban los despidos y los cierres de pequeñas y medianas industrias. Mientras se elevan plegarias para que la industria se reactive, habrá que esperar la implementación del decreto del Ministerio de Trabajo nacional para conocer cuál será su impacto y repercusiones.

El ministro Sukerman había adelantado en una entrevista con Rosario/12 su decisión de estudiar con detenimiento si correspondía prorrogar los procedimientos preventivos vencidos en diciembre y las condiciones para habilitar nuevos casos (https://www.pagina12.com.ar/242649-los-procedimientos-de-crisis-se-miran-con-lupa). En varios, planteó informalmente a empresas que para homologar los acuerdos hicieran un esfuerzo por mejorar los porcentajes de la parte remunerativa en los salarios de los trabajadores ya que, según reveló el ministro, había pedidos del 70 por ciento de no remunerativos.

Además, advirtió que no iba a homologar acuerdos a largo plazo, acortándolos a tres o cuatro meses. En ese marco, cuestionó a la gestión del Frente Progresista por otorgar «livianamente» los procedimientos de crisis, lo que le valió una respuesta del ex responsable de la cartera y actual asesor de la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara baja, Julio Genesini. Mientras la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) señalaba que existían 330 casos de este tipo en la provincia, Sukerman dijo que hay 220, un número «bastante menor del que pensábamos que había».

El funcionario provincial inició conversaciones para conocer cómo se implementará la resolución mientras los trámites iniciados continúan por los carriles habituales. «Seguimos dando audiencias y avanzando, pero antes de homologar habrá que consultar con Nación, y en los casos en los que uno cree que corresponde, que acompañe», explicó Sukerman, para luego agregar: «Si bien uno puede entender que se ha desvirtuado la herramienta, que se ha utilizado de manera flexible, lo cierto es que permitió conservar fuentes de trabajo».

En sus considerandos, el decreto menciona que la ley 24.013 dispuso que con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más del 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 trabajadores; a más del 10% en empresas de entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del 5% en empresas de más de 1.000 trabajadores, deberá sustanciarse el PPC previsto en la misma, que tramitará ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a instancia del empleador o de la asociación sindical de los trabajadores.

El 8 de febrero de 2002 se autorizó a través de un decreto que los procedimientos preventivos sean sustanciados en las administraciones provinciales del trabajo, cuando se hubieran celebrado acuerdos con los Estados respectivos. Pero un artículo de dicha resolución habilita la avocación de la competencia de la cartera laboral nacional en aquellos casos en los cuales las empresas ocupen trabajadores ubicados en distintas jurisdicciones o cuando se afecte significativamente la situación económica general o de determinados sectores de la actividad o bien se produzca un deterioro grave en las condiciones de vida de los consumidores y usuarios de bienes y servicios o se encuentre en juego el interés nacional.

Además, el decreto encomienda a la Secretaría de Trabajo a recabar información y evaluar los acuerdos sustanciados por las Administraciones Provinciales del Trabajo en el marco de los procedimientos preventivos de crisis, que hayan dispuesto o afectado fondos o recursos del Estado Nacional. Y que efectuada la evaluación de los acuerdos, propondrá las acciones que correspondan desde el punto de vista jurídico.

Por Claudio Socolsky