La presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, cuestionó las propuestas que plantean restringir el acceso de menores a redes sociales tras el ataque en una escuela de San Cristóbal y advirtió que se trata de respuestas “lineales” frente a un problema complejo. Señaló además que este tipo de medidas presentan serias dificultades de aplicación y pueden entrar en tensión con derechos fundamentales como la privacidad y la libertad de expresión.

“El antecedente más visible es Australia, que fue el primer país en prohibir el acceso de niños, niñas y adolescentes hasta los 16 años a las plataformas de redes sociales”, explicó. Según indicó, la norma ya se encuentra en plena vigencia, aunque su implementación es incipiente. “Lo que se reporta es que a las empresas no les simpatiza mucho esto porque implica perder un segmento importante de mercado, y además no es sencillo de hacer cumplir”, agregó.

En ese sentido, Busaniche remarcó los límites técnicos de este tipo de regulaciones. “Es muy difícil hacer cumplir una prohibición en Internet. Las personas pueden mentir sobre su edad, pueden eludir los controles. Es algo que venimos viendo desde hace décadas”, sostuvo. A la vez, detalló que uno de los mecanismos que se evalúan para garantizar estas restricciones es la validación de identidad mediante documentación personal.

“Ahí aparece un problema serio”, advirtió. “Para verificar la edad, se le pide a toda persona que use redes sociales que presente documentos. Eso afecta directamente el anonimato en línea, que es una herramienta clave para proteger la libertad de expresión, la intimidad y el pensamiento”. Y añadió: “Se genera una colisión de derechos: para proteger a un grupo específico, se termina vulnerando derechos del conjunto”.

La especialista también planteó que no todos los menores pueden ser abordados bajo un mismo criterio. “No es lo mismo un niño de cinco años que un adolescente de quince. Existe el principio de autonomía progresiva, que reconoce que a medida que crecen tienen mayor capacidad para ejercer sus derechos, incluida la libertad de expresión”, explicó. En esa línea, consideró que las soluciones simplificadas “buscan más un efecto mediático que resolver el problema de fondo”.

Sobre el rol del Estado, Busaniche fue enfática en rechazar las posturas que promueven su retiro. “El Estado siempre tiene que estar, porque es el garante de derechos. Esto no es una cuestión opinable: está en la ley y en los tratados de derechos humanos”, afirmó. Sin embargo, aclaró que esa intervención debe tener límites claros. “El Estado tiene que intervenir hasta el punto mínimo indispensable para garantizar derechos, y ni un paso más allá, porque la privacidad también es un derecho fundamental”.

En relación al ataque de San Cristóbal, la titular de Fundación Vía Libre cuestionó las interpretaciones que ponen el foco exclusivamente en las tecnologías digitales. “No es un fenómeno unicausal. Hay una tendencia a culpar a la tecnología de todo, y eso es una respuesta simplona”, señaló. Y agregó: “No digo que la tecnología no tenga nada que ver, pero no se puede establecer una relación directa de causa y efecto”.

Para contextualizar, recordó que este tipo de hechos tiene antecedentes de larga data en otros países. “Los ataques en escuelas existen desde hace décadas, mucho antes de las redes sociales. Lo que cambia es el modo en que se canalizan ciertas situaciones, no su existencia”, indicó.

En paralelo, durante la investigación del caso, el comisario de la Policía Federal Guillermo Díaz sostuvo que el agresor podría estar vinculado a comunidades conocidas como “incels” —célibes involuntarios—, a las que describió como grupos que expresan odio hacia las mujeres y hacia varones con vínculos afectivos. La caracterización fue planteada en una conferencia de prensa como una posible línea interpretativa sobre el entorno del atacante.

Busaniche relativizó ese encuadre y advirtió sobre los riesgos de ese tipo de definiciones apresuradas. “Son encasillamientos automáticos sin contar con todos los elementos. Esas comunidades existen hace años y, en algunos casos, pueden tener expresiones problemáticas, pero no explican por sí solas estos hechos”, sostuvo.

Busaniche planteó, en cambio, la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva más amplia. “Hay que mirar el contexto: el desmantelamiento de políticas públicas, la pérdida de espacios de contención, la falta de acceso a salud mental, el debilitamiento del sistema educativo”, enumeró. En ese sentido, advirtió sobre el retroceso en áreas como la Educación Sexual Integral (ESI). “La ESI trabaja temas clave como la violencia, la discriminación, el bullying. Todo eso también forma parte de la prevención”, afirmó.

A esto sumó el impacto de un clima social más hostil. “Tenemos un discurso público cada vez más violento, una mayor facilidad de acceso a armas y una tendencia a emular modelos de otros países con realidades muy distintas”, señaló. “Con ese panorama, es más fácil señalar a la tecnología y proponer prohibiciones que hacerse cargo de los problemas estructurales”, agregó.

Finalmente, la especialista insistió en que no existen soluciones únicas ni rápidas. “Son problemáticas lo suficientemente complejas como para que la solución no sea lineal. Requieren construir capacidades desde múltiples ámbitos: las familias, las escuelas, los espacios comunitarios y el propio Estado”, concluyó.