Ordenan asesinatos, robos y secuestros por teléfono desde sus celdas. Para abordar el fenómeno se gestionan sensores e inhibidores de señal
Buena parte de los líderes de los grupos criminales que aparecen con responsabilidad destacada en los delitos de Rosario están presos. Sin embargo eso no reduce sus movimientos para reproducir nuevas acciones ilícitas que llaman la atención por su planificación o por su violencia. Los ilícitos atribuidos a la familia Funes están anunciados en las escuchas telefónicas que se pasaron en audiencias de Tribunales la semana pasada. Por interceptaciones de este tipo uno de los líderes de Los Monos, que está detenido hace cuatro años, fue detectado hace tres meses moviendo los hilos de un secuestro extorsivo concretado en la zona oeste rosarina, por el que fue procesado. También por escuchas imputarán en febrero a René Ungaro, que cumple 13 años de prisión por el homicidio de Pimpi Caminos, como cabeza de la asociación ilícita en la que participan los Funes.
El hecho de que la cárcel ya no logre frenar el campo de maniobras de los principales grupos delictivos de Rosario es uno de los asuntos más novedosos en cuanto a problemática criminal de la provincia. No es un hecho que se circunscriba a lo local. Hasta ahora los organismos penales no tienen resuelto el desafío que implica que los factores del delito no encuentren, detrás de las rejas, un límite para el despliegue de sus actividades. La cárcel ya no para el delito de las bandas. Sus cabecillas dan directivas por celulares que a menudo se cumplen con resultados letales.
Los ejemplos están consignados en detalle por la prensa desde hace mucho. En diciembre de 2016, desde la cárcel, Ariel «Tubi» Segovia le pidió a su abogado que gestionara la prórroga de una rueda de reconocimiento para evitar que una testigo lo reconociera como el asesino. Ni bien esa medida fue aplazada atentaron a balazos contra esa testigo a la que querían silenciar, llamada Brisa Ojeda, pero mataron por error a su hermana Lorena Ojeda. Un mes antes el mismo Segovia había ordenado desde su celda el homicidio de Lautaro «Lamparita» Funes pero en otra confusión el muerto resultó Lisandro Javier Fleitas. Por los dos hechos Segovia está imputado como ideólogo de homicidio. Las instrucciones para que se produjeran esas dos muertes las dio por teléfono desde Piñero.
En las escuchas a Lamparita Funes hay permanentes alusiones a René Ungaro, preso en el pabellón 16 de Piñero. En los mismos contactos Lautaro revela que René le proveyó «la metra, la FMK3», lo que indica un episodio más en una reiterada dinámica de provisión de armas de fuego y municiones, gestionadas desde unidades penitenciarias hacia el exterior por líderes cautivos. René Ungaro, a su vez, aparece permanentemente organizando ilícitos.
Las instrucciones sobre acciones delictivas también fluyen por líneas móviles. David Quinteros, alias Pirri, jefe de una banda de entraderas de zona oeste, es escuchado desde su calabozo en una secuencia detallada ordenando a sus cómplices qué debían hacer, a quién contactar, cuáles eran los blancos a golpear. Incluso les explica a sus abogados cómo preparar la defensa en una audiencia por venir: buscando a un testigo trucho y gestionando una factura falsa para demostrar que, al momento del delito, él estaba en otro lado.
Conectados
La base del problema es que las empresas criminales siguen funcionando con sus líderes presos. Estos son captados dando órdenes de acción y generando además la logística para cometer los delitos. La mayoría de las directivas e instrucciones se definen por una vía que en las unidades penitenciarias está prohibida pero que goza de rutinaria vigencia: el uso de teléfonos celulares.
Varios fiscales consultados por este diario dan cuenta de la paradoja de que la provincia busca neutralizar a las principales bandas pero aún cuando los cabecillas están a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial y alojados en cárceles santafesinas los problemas de control recrudecen: los aparatos de líneas móviles entran en los penales, no se pueden bloquear con éxito las señales ni hay inteligencia dentro de la cárcel sobre grupos que funcionan de manera conjunta, porque el Servicio Penitenciario (SP) tiende a agrupar en los mismos espacios a integrantes de las mismas bandas.
El fiscal de la Unidad de Homicidios Luis Schiappa Pietra es quien acusó a Tubi Segovia como ideólogo de asesinatos desde la cárcel. «Está claro que si en un pabellón están todos los miembros presos de Los Monos, en otro todo el grupo de los Ungaro, en otro los «Panaderos», esas decisiones son por cuestiones de gobernabilidad de la cárcel. Me pongo en cabeza del director del penal y lo entiendo porque de otro modo la violencia sería automática. Pero es un déficit que las agencias de investigación no estemos al corriente e informados de esos acuerdos. Porque de eso, de las visitas, de los contactos, de sus domicilios, se infiere mucho de la organización que los grupos tienen afuera».
Este fiscal también encuentra un quebranto en el control de los elementos que acceden a la cárcel. Hace dos semanas en el pabellón de Piñero donde está Lamparita Funes se secuestraron nueve celulares en una requisa. ¿Cómo entraron? ¿Qué supervisión existe? Solía decirse que las cárceles son escuelas de especialización del delito. Hoy son en realidad el espacio privilegiado para su planificación a partir de los elementos de comunicación accesibles a los internos.
Tres medidas
El secretario de Asuntos Penitenciarios de la provincia, Pablo Cococcioni, dice que es indispensable un análisis en contexto. «Nada excusa ni justifica que se haga lo que la ley prohíbe. Pero cuando estaba activo el inhibidor de señal y los celulares no funcionaban Guille Cantero utilizó el teléfono público del penal de Piñero dado que la comunicación está garantizada por ley. Y así fue detectado hablando porque otros recibían las llamadas desde adentro de su pabellón, dado que las comunicaciones por aparatos públicos están garantizadas por ley. Esto dio lugar a la causa Los Patrones donde él terminó como líder de una banda de 25 integrantes. No tenía celular pero sí una línea pública. Pienso entonces que el problema no son los celulares sino el control del contacto».
Cococcioni dice que en este momento Santa Fe trabaja en dos controles fuertes para limitar las comunicaciones desde intramuros, medidas que a su juicio resolverán muchos de los actuales problemas. Uno es instalar un sistema de inhibidores para celulares a través de un prestador que tiene que garantizar que este sistema no bloquee las líneas de usuarios contiguos a las cárceles, lo que fue un problema reiterado. Además el proveedor tiene que garantizar la inhibición de las señales en el tiempo, lo que equivale a actualizarse frente a los avances tecnológicos que antes, por ejemplo al cambiar el sistema de 3G a 4G, volvían obsoletos a los inhibidores.
El otro punto clave es la progresiva tecnificación de las requisas mediante un sistema de escáner y sensores que detecten el paso de aparatos, tanto en las visitas como en los empleados penitenciarios. Y al mismo tiempo constituir un cuerpo de requisa especializado conformado por 80 efectivos penitenciarios abocados solo a ello. «La requisa es una práctica que no puede desarrollarse hasta las últimas consecuencias por una cuestión de legalidad, para evitar actos vejatorios al requisado. Respetar la ley genera entoncesun margen de error. Por eso instalar métodos automáticos como escáner será un avance para el control», indicó.
El manejo de grupos antagónicos en la cárcel es otro asunto complejo. «Trabajamos para evitar situaciones de violencia. Nuestra primera decisión era colocar bandas enemistadas, uno en cada punta de la cárcel —dice Cococcioni—. Pero lo desactivamos porque recibíamos órdenes judiciales de alojar a estos presos en pabellones comunes. A medida que fue cayendo más gente presa esto se fue complejizando».
La caída de los cabecillas también abre nuevos desafíos: «Uno puede ver objetivamente cómo en los últimos cuatro años fueron ingresando a la cárcel presos de alto perfil, con más capacidad económica, lo que sirve para promover acciones delictivas, favorecer algún tipo de fuga o cometer algún atentado. Esto impone tareas más exhaustivas. Hace diez años la mitad de los presos estaban en comisarías. Hoy el 93% están en cárceles. No es una broma decir que el sistema penal hoy atrapa delincuentes de alto perfil que hace diez años estaban en la calle y que eso resuelve algunos problemas pero genera otros».
Tener éxito en la requisa de celulares es un cometido importante porque los líderes son detectadas bajando instrucciones en tiempo real desde sus celdas a sus cómplices, lo que es inaceptable. Pero eso crea un efecto paradojal. «Al enfatizarse el problema de que el preso tenga un celular se elimina esta faceta de poder hacer una real inteligencia criminal de las bandas a partir de ello», sigue Cococcioni. «Una pregunta de política criminal, para todos los actores políticos, es qué nos interesa más. Si hay un interno de alto perfil, ¿sería mejor que le secuestremos el celular en una requisa o que le avisemos a la autoridad judicial para que inicie investigaciones sobre qué hace con ese teléfono?», preguntó. Hoy a esto se suma el problema que supone el negocio de empleados desleales que facilitan por dinero el tráfico de celulares dentro de las prisiones.
El eslabón más bajo
Un fiscal entiende que el derecho a comunicarse en cárcel debe estar restringido. «Si hoy estamos viendo el modo en que desde la cárcel se organizan asesinatos, secuestros y entraderas es evidente que se debe regular el derecho de los presos a comunicarse dentro de sus pabellones. Poner cabinas de teléfonos fijos, controlar a quiénes se llama, a qué números, a qué personas. Pero no se puede pensar que es bueno que se usen celulares porque así los delincuentes pueden ser escuchados. Para determinar cómo funciona una banda no se le puede permitir que sigan cometiendo delitos», indica.
Para Schiappa Pietra, igualmente, es una idea frágil suponer que la reproducción del delito que alimenta las cárceles se resuelve con inhibidores de señal. «En materia de crimen organizado la cárcel es una herramienta bastante torpe. No sólo capta a la cadena más baja sino que confunde. Van a la cárcel los que juegan las fichas en el terreno del menudeo pero los que hacen grandes negocios delictivos obviamente no son los que se matan. Esos negocios también son crímenes pero como dice Marcelo Saín no son crímenes evidentes. Nadie capta a un criminal cuando compra un departamento, o invierte en la Bolsa. Esto no niega que la cárcel sea lo que corresponde para quienes producen delitos violentos. Pero estos son los bloques menores de la estructura. Los que negocian a gran escala y trabajan sobre el lavado del dinero son el factor que alimenta la violencia. Pero aún no logramos verlos ni menos meterlos presos».