Un suboficial jefe de la Policía de Acción Táctica (PAT) de Rosario, Guillermo David Toledo, fue condenado ayer a 8 años de prisión y 11 años de inhabilitación absoluta como responsable de un allanamiento ilegal en el que se cometieron torturas, robos y maniobras de comercialización de droga. La sentencia fue dictada por unanimidad en el primer juicio de aplicado bajo el Código Procesal Penal Federal (CPPF), vigente en la ciudad desde mayo de 2024. El fallo, a cargo del tribunal integrado por los jueces Otmar Paulucci, Elena Dilario y Germán Sutter Schneider, fijó además multa, costas procesales y la continuidad de la prisión preventiva hasta que la condena quede firme.

Al fundamentar la decisión, el presidente del tribunal advirtió sobre “la intensidad del abuso institucional” verificado en el caso. El hecho central ocurrió el 13 de agosto de 2024 en una vivienda de calle Forest 5624, en la zona norte de Rosario, donde un grupo de policías del denominado Grupo Alfa de la PAT ingresó sin orden judicial. Según la acusación, los efectivos llegaron en al menos dos móviles oficiales —identificados como 10.065 y 10.533— y permanecieron cerca de 50 minutos dentro de la casa sin dar intervención a autoridad judicial. En ese procedimiento ilegal fueron reducidos Diego Andrés Inturias, José Luis Linares y Perla Requejo, junto a dos menores de edad.

De acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, los policías se apropiaron de entre 12 y 15 kilos de cocaína, más de 50 mil dólares, armas de fuego, cuchillos de colección y mercadería. Parte de ese cargamento fue luego comercializado en la ciudad de Santa Fe, según surgió del análisis de los teléfonos celulares de los imputados.La reconstrucción judicial estableció que la irrupción en la vivienda fue precedida por la detención ilegal de dos hombres en la vía pública, Daniel Yufra y Jonatan Leiva, interceptados en Jean Jaurès al 5500. Ambos fueron sometidos a golpes y descargas eléctricas para obtener información sobre un proveedor de estupefacientes. Uno de ellos declaró: “Ahí nomás nos empezaron a picanear. Nos hacían agachar la cabeza y se reían. Nos pedían que les dijéramos dónde estaba el pescado gordo”. Esos datos, obtenidos bajo tormento, fueron utilizados para dirigir el operativo posterior. Las prácticas de violencia quedaron también expuestas en conversaciones extraídas de los teléfonos de los policías.

En un intercambio incorporado a la causa, uno de los efectivos comenta: “Jajaja. Cómo lloraba el de la vía”. Otro responde: “No tiene desperdicio”. Y el primero agrega: “Necesito dar otra sesión de masajes eléctricos”. En otro audio fechado el 17 de septiembre de 2024, atribuido a Toledo, se detalla el método aplicado: “Lo secuestramos. Lo llevamos al medio del campo. Se llevó una cagada a palos. Le rompimos la cabeza a pistolazos, lo cagamos a palos con un fierro, lo meamos, lo ahorcamos. No sabés todo lo que le hicimos”.

Durante la investigación, los fiscales también incorporaron mensajes en los que se alude al uso de una picana eléctrica. En una conversación, un integrante pregunta por un procedimiento y recibe como respuesta: “Donde Balais hizo el secuestro de la picana”. Ese elemento fue posteriormente hallado en la mochila de uno de los suboficiales allanados.

El testimonio de las víctimas del allanamiento en calle Forest también aportó detalles sobre el accionar del grupo. Inturias relató que, tras el ingreso, uno de los policías —al que identificó como el jefe— le dijo: “Tenés huevo negrito eh, para hablar conmigo”. Luego le propuso entregar la droga y parte del dinero a cambio de “arreglar” la situación judicial: “Te dejo medio kilo así te dan poco tiempo, como mucho un año preso”. El mismo testigo describió el momento en que entregó el dinero: “Fui a buscar los dólares, eran más de cincuenta mil. Cuando volví no estaban. Un policía le dijo al otro en voz baja que ya los tenía él. Ahí me dijeron que me quede en el molde”.

La investigación estuvo a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, dirigida por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo, junto a los fiscales Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa. La acusación encuadró los hechos como privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, falsificación ideológica de documento público, sustracción de bienes, comercio de estupefacientes agravado, vejaciones y apremios ilegales.

Seis integrantes del mismo grupo ya habían sido condenados en marzo de 2026 en juicios abreviados, con penas de hasta siete años de prisión. Entre ellos, Jesús Ángel Balais recibió 7 años, mientras que otros efectivos obtuvieron condenas de entre 2 y 6 años y medio. También fueron condenados familiares de Toledo por su participación en la venta de la droga sustraída.

Los policías se apropiaron de drogas y billetes de dólares.

“Fui a buscar los dólares, eran más de cincuenta mil. Cuando volví no estaban. Ahí me dijeron que me quede en el molde”.