La modorra judicial en la que transcurre la investigación penal sobre una millonaria estafa en la city financiera escala en estridencia. Ahora acumula denuncias contra la Fiscalía Regional Rosario y su desempeño en este caso. Hay por lo menos 27 personas que perdieron sus ahorros confiados a la consultora CIAG desde 2007 por lo menos, y que a finales de 2020 se enteraron de que todo se había esfumado. Unos 4 millones de dólares, por lo menos. Desde entonces, poco y nada se avanzó a pesar de un cúmulo de pruebas que han presentado los denunciantes, quienes atribuyen esta lentitud fiscal a los intereses y apellidos en juego.

La semana que pasó se presentaron denuncias ante el auditor general del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai contra el fiscal regional Matías Merlo, y el fiscal de Delitos Económicos a cargo de la causa, Sebastián Narvaja, ambos bajo la órbita de la fiscal general provincial, María Cecilia Vranicich.

El motivo –aducen los denunciantes, y damnificados por la estafa– es la falta de celo investigativo para avanzar en la pesquisa y demostrar voluntad por recuperar el dinero desaparecido.

La causa investiga una estafa millonaria en dólares vinculada a la financiera que operaba en el 5º piso del Palacio Minetti. Según al menos 27 denunciantes, durante años confiaron sus ahorros a esta firma, que ofrecía inversiones en dólares con rendimientos moderados y disponibilidad inmediata.

El esquema funcionaba bajo la promesa de que el dinero se colocaba en subcuentas dentro de Rosental Inversiones, lo que generaba confianza. Sin embargo, tras la pandemia, cuando muchos inversores intentaron retirar sus fondos, comenzaron a detectar que el dinero no estaba disponible. El monto total reclamado ronda los 4 millones de dólares.

Las denuncias apuntan a que los responsables de CIAG habrían desviado esos fondos hacia inversiones propias y sociedades –algunas offshore–, acumulando bienes en el país y en el exterior.

Hay prueba documental de que esos dineros depositados en Rosental fueron extraídos por orden de Culhane primero, luego por Allegranza. Y que esa empresa financiera y una reconocida escribanía de este medio participaron de la administración de los bienes presuntamente adquiridos con el dinero de los ahorristas.

La causa judicial, iniciada en 2022, tiene hasta ahora un solo imputado, Luis Roatta, quien trabajó como empleado en CIAG pero quien se define como el chivo expiatorio del caso y asegura haber sido el primero que advirtió la maniobra fraudulenta.

En cambio, no hubo ni hay riesgo penal para los dueños de la financiera: Juan Carlos Culhane, el titular, porque murió en 2017, y Paola Allegranza, su viuda, porque no ha sido citada a declarar siquiera en los ocho meses que lleva presentada la demanda colectiva de los estafados primero ante el exfiscal –luego promovido a camarista– Miguel Moreno, y ahora ante Narvaja.

Los damnificados cuestionan la lentitud de la investigación y reclaman que se avance sobre otros involucrados y sobre documentación incautada que, según sostienen, probaría el recorrido del dinero y permitiría recuperar parte de los activos.

“¿Cómo es que nadie en el Estado, sea fiscal o sea autoridad impositiva, le ha preguntado todavía a Allegranza de donde sacó el dinero que ostenta? Los fiscales ponen pretextos y dicen que van a avanzar, pero no lo demuestran. Ni Merlo, como fiscal regional, ni Vranicich, como fiscal general, tampoco muestran interés para que esto se investigue realmente”, inquirió S., uno de los denunciantes que confió sus ahorros y el de sus padres a CIAG y resultó defraudado.

Rosario/12 habló la semana pasada con más ahorristas estafados que describen historias similares y el estupor de haber perdido varios miles de dólares sin que la causa penal hasta ahora muestre un avance real.

“Nos dijeron desde el MPA que ahora van a sumar a un fiscal, Federico Aranda, a trabajar junto con Narvaja. ¡Nos dijeron que está leyendo la causa! ¿A esta altura? Mientras Allegranza se da la gran vida con nuestro dinero», reprochó una de las ahorristas en diálogo con este diario.

“Esta señora no era solamente la esposa del dueño, lo comprobamos en la fiesta de inauguración de la oficina, y donde estaba la plana mayor de Rosental también”, agregó y pidió mantener su identidad en reserva.

Entre los denunciantes hay uno que supo trabajar como empleado administrativo a las órdenes de Allegranza. “Me mandaban a Rosental a hacer depósitos y extracciones”, confirmó acerca del nexo que podría explicar la ruta del dinero que todavía la investigación no ha comenzado a transitar.

Cuando el mes pasado Merlo y Narvaja atendieron a un grupo de denunciantes que les exigieron avanzar sobre la viuda de Culhane, responsable de CIAG, estos se ofuscaron al considerar que “aún no están dadas las condiciones”.

“Esto suena a que hay una total connivencia con los abogados de Rosental, porque hay intereses creados para que esto no avance”, les dijeron los estafados a los fiscales. La reunión terminó mal.

Hay computadoras incautadas en poder de Fiscalía que no han sido peritadas aún, y abundante papelería con e-mails impresos y conversaciones de Whatsapp y Messenger que refieren a estos manejos, y a la gestión de los bienes señalados.

El caso ha merecido un pedido de informes del diputado Carlos Del Frade al Ejecutivo, para que exija celeridad fiscal. “Los damnificados presentaron una nueva denuncia con abundante documentación y que, según estas personas, demuestra que el dinero se encuentra en inversiones tanto en el país como en el exterior administrado por sociedades off shore con el supuesto respaldo de Rosental y la escribanía Casiello”, señaló el legislador en el planteo que todavía no ha merecido respuesta.

Entre los bienes señalados como malhabidos se cuentan habitaciones en sistema condo hotel en los Dazzler de Lima (Perú) y Asunción (Paraguay), locales comerciales en esa capital, inmuebles en Uruguay, y varios terrenos en Solares del Carcarañá (Maciel) y Tierra de Sueños (Casilda).

Entre las pruebas que constan en el expediente hay contratos que vinculan a los denunciados con sociedades offshore, Asunción Investments, y Vasconcellos Hospitality Operation Ltd, con sede en Islas Vírgenes.

“Fiscalía tiene todos los datos necesarios para avanzar, pero se limitan a simular, a correr la pelota un poco y seguir dilatando. Nos toman el pelo. Hay intereses económicos muy grandes que evitan profundizar. De todas las causas por estafas financieras que hay en Rosario, ninguna tiene tantas pruebas como esta”, enfatizó S. como conclusión.